Buscan unificar por ordenanza una nueva era del transporte individual de pasajeros
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La expansión de las aplicaciones de viajes transformó la movilidad urbana y abrió una disputa con los servicios tradicionales. En ese contexto, los concejales del radicalismo Maximiliano Lesik y Micaela Rodríguez presentaron un proyecto para ordenar las normas que regulan taxis, remises y plataformas digitales con requisitos comunes de habilitación, seguros, controles y seguridad para los usuarios.
La ciudad atraviesa un cambio de época en el transporte individual de pasajeros. Lo que años atrás estuvo marcado por la escasez de remises y las dificultades para conseguir un vehículo en determinados horarios hoy presenta un escenario muy diferente: las aplicaciones digitales ampliaron las alternativas para trasladarse, modificaron la forma de contratar un viaje y sumaron nuevos actores a una actividad que durante décadas estuvo dominada por taxis y remises.
La llegada de las plataformas de viajes abrió nuevas posibilidades tanto para los usuarios como para quienes buscan una fuente de ingresos. Sin embargo, también generó tensiones con los trabajadores tradicionales, quienes cuestionan las condiciones en las que operan estos servicios y advierten sobre una competencia que consideran desigual.
El conflicto tuvo una de sus expresiones recientes en la protesta de remiseros de la ciudad, que reclamaron reglas más equitativas frente al avance de las aplicaciones. La discusión llegó al Concejo Deliberante, donde los ediles Maximiliano Lesik y Micaela Rodríguez presentaron un proyecto de ordenanza que propone actualizar y unificar el marco normativo del transporte individual de pasajeros dentro del ejido municipal.
La iniciativa busca incluir bajo un mismo régimen a taxis, remises y servicios contratados mediante plataformas electrónicas. El objetivo, según explicaron sus impulsores, no es regular una aplicación en particular, sino establecer condiciones comunes para una actividad que cambió al ritmo de la tecnología y de las necesidades económicas de la población.
“Lo que haríamos no es regular sobre los autos de aplicación, sino unificar un criterio de transporte de pasajeros, sea la modalidad que sea”, explicó Lesik.
El concejal planteó que la discusión debe contemplar tanto la realidad de quienes trabajan en el sector como la seguridad de las personas que utilizan estos servicios: “Actualmente hay alrededor de 1.400 choferes activos de taxis y remises, mientras que no existe una cifra precisa sobre la cantidad de conductores que trabajan mediante aplicaciones. Al no estar registrados, no tenemos un número preciso”.
Esa falta de información es uno de los puntos que el proyecto intentará resolver a través de un sistema de registro municipal que permita conocer quiénes prestan el servicio, con qué vehículos y bajo qué modalidad.
Un cambio impulsado por la tecnología y el modelo económico
La transformación del transporte no se explica únicamente por la aparición de herramientas digitales; también está atravesada por las dificultades económicas y la búsqueda de alternativas laborales. Las aplicaciones permiten una incorporación flexible, en algunos casos como ocupación principal y en otros para complementar ingresos.
Lesik mencionó que la crisis influye directamente en este fenómeno: “Muchos que han tenido inconvenientes en el Parque Industrial, después de quedarse sin empleo, se hacen choferes de aplicaciones”.
La observación introduce otro componente en el debate: para algunas personas, conducir mediante una plataforma representa una salida laboral frente a la pérdida de su trabajo, mientras que para otras puede convertirse en una actividad complementaria para llegar a fin de mes.
Rodríguez acotó en la misma línea: “Hay gente que le quiere sumar a su sueldo y labura un par de horas por las apps”.
Esa realidad plantea un desafío para cualquier regulación. Las aplicaciones incorporan modalidades de trabajo más flexibles y permiten que los conductores administren sus horarios, pero el proyecto sostiene que esa flexibilidad no debería eliminar las exigencias básicas vinculadas con la seguridad, la identificación de los prestadores y las condiciones de los vehículos.
La discusión, entonces, no se limita a la convivencia entre empresas tradicionales y plataformas digitales. También involucra a quienes encontraron en esta actividad una posibilidad de generar ingresos en un contexto económico complejo.
Reglas comunes y registro único
La protesta de los remiseros días atrás frente al Municipio puso en primer plano una demanda concreta: que quienes transportan pasajeros estén sujetos a condiciones similares, independientemente de cómo se contrate el viaje.
Rodríguez contó que, en el diálogo con los trabajadores del sector, uno de los principales planteos estuvo relacionado con la necesidad de establecer requisitos equivalentes para todos los prestadores: “Nosotros hablamos con los remiseros y lo que quieren es que las condiciones laborales sean similares, que se puedan registrar, saber quiénes son los conductores y que los autos estén en condiciones”.
La propuesta toma como punto de partida las ordenanzas vigentes de taxis y remises —aprobadas hace años— para fundirlas en una normativa común. “Lo que hacemos es juntar las dos ordenanzas de varios años atrás, de taxis y de remises, y en vez de agregar otra, unificamos en una y dejamos las otras sin efecto”, detalló Rodríguez.
La idea es evitar que cada modalidad funcione con reglas separadas y que la incorporación de las plataformas digitales termine generando un sistema fragmentado. En lugar de sumar una norma específica para cada aplicación, el proyecto plantea definir un marco general que contemple las distintas formas de contratación.
Rodríguez también indicó que existen otras ciudades donde estas plataformas ya cuentan con regulaciones. Esas experiencias forman parte del contexto en el que se discute cómo adaptar la normativa local a una actividad que cambió de manera sustancial en los últimos años.
Para Lesik, el criterio central debe ser la igualdad de condiciones y, sobre todo, la protección de los pasajeros: “En principio queremos que haya igualdad de condiciones, y lo más importante es que las personas viajen seguras”.
En este contexto, el proyecto presentado por ambos concejales propone “un marco integral y tecnológicamente neutral”. Esto significa que las reglas no dependerían de si un viaje se solicita por teléfono, en una agencia, en la calle o mediante una aplicación, sino de las condiciones bajo las cuales se presta el servicio.
Entre los principios centrales aparecen: “la seguridad de pasajeros y conductores, la habilitación municipal, la identificación de los prestadores, la trazabilidad de los viajes, la transparencia de las tarifas y la protección de los usuarios”.
Asimismo, contempla requisitos para titulares, conductores, vehículos, agencias y empresas de plataformas. Entre las condiciones previstas figuran las habilitaciones correspondientes, los seguros, las inspecciones, la capacitación y la identificación de quienes realizan los traslados.
Uno de los puntos principales es la creación del Registro Único Municipal de Transporte Individual de Pasajeros, que reunirá información sobre titulares, vehículos, conductores, agencias, plataformas, licencias y habilitaciones.
La herramienta permitiría determinar quién es el titular de cada vehículo, quién lo conduce, qué licencia posee y bajo qué modalidad presta el servicio. Para el Municipio, contar con esa información sería clave para fortalecer los controles y evitar que una parte de la actividad quede por fuera de los registros.
El proyecto también incorpora obligaciones específicas para las plataformas digitales, que deberán informar antes del comienzo de cada viaje la identidad del conductor, los datos del vehículo, el dominio, el precio estimado o la tarifa aplicable y los canales disponibles para realizar reclamos. De esta manera, la contratación a través de una aplicación no eximiría a los prestadores de las responsabilidades que corresponden a cualquier servicio de transporte de pasajeros.
¿Qué cambia para los usuarios?
La discusión no involucra solamente a quienes trabajan al volante, sino también alcanza a los pasajeros, que hoy pueden elegir entre diferentes alternativas para trasladarse por la ciudad.
El proyecto establece derechos vinculados con la seguridad, la información y la posibilidad de reclamar ante eventuales inconvenientes. Entre ellos, contempla que los usuarios puedan conocer previamente el precio estimado del viaje, identificar al conductor y al vehículo, recibir un comprobante y viajar en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
Además, prevé mecanismos para formular reclamos y denuncias, junto con criterios de accesibilidad, inclusión y protección de los datos personales.
La identificación y la trazabilidad de los viajes aparecen como aspectos importantes en un sistema donde la contratación digital permite conectar a pasajeros y conductores sin que necesariamente exista una agencia física de por medio.
La propuesta en ese escenario busca que la comodidad de solicitar un vehículo desde el celular conviva con mecanismos que permitan conocer quién presta el servicio y bajo qué condiciones lo hace.
El debate que se abrió en Gualeguaychú refleja una transformación que excede a la ciudad. Las aplicaciones modificaron los hábitos de consumo, ampliaron las posibilidades de contratación y generaron nuevas formas de trabajo, pero también obligaron a revisar las reglas que durante años ordenaron el transporte de pasajeros.
