Carrió se niega a destituir a Gils Carbó por decreto: "Debe respetarse la Constitución”

La diputada oficialista rechazó la posibilidad planteada por algunos representantes de Cambiemos en el Congreso.En apenas dos mensajes de Twitter, Elisa Carrió se opuso a la posibilidad de remover por decreto a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Así, sentó su posición y se mostró inflexible ante cualquier opción que no sea el juicio político contra la jefa de los fiscales.Pablo Tonelli, diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, había deslizado la posibilidad de que el Gobierno remueva a la funcionaria (que hoy fue citada a indagatoria por irregularidades en la compra de un edificio) a través de un decreto."Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación", sentenció Lilita a través de su cuenta de Twitter. 

O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución.— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 11 de julio de 2017 En otro tuit, le envió un contundente mensaje interno a sus pares de Cambiemos. "O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político"."Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución", sostuvo la diputada, que busca renovar su banca compitiendo con "Vamos Juntos", en la ciudad de Buenos Aires.Tonelli fue consultado hoy sobre la posibilidad de que el Gobierno apele a un decreto para destituir a la Procuradora, a la que el oficialismo acusa de ser una suerte de militante kirchnerista. "No lo descarto para nada", respondió el diputado del PRO a FM Blue ."Una cosa es respetar la institucionalidad y otra aceptar que funcionarios carentes de toda idoneidad y autonomía siga siéndolo", dijo.Elisa Carrió ya presentó varias veces su pedido de juicio político contra la jefa de los fiscales designada por Cristina Kirchner. El primero fue en 2013, luego ese mismo documento fue ampliado y presentado otra vez en junio de 2016. Y además, se hizo una última ampliación, luego del escándalo por la compra de un edificio de la Procuración.