El magistrado también llamó a declarar a otros tres ex funcionarios, y decidió enviarle un tramo de la investigación al juez Martínez De Giorgi, tal como pedía la Oficina Anticorrupción.El juez Daniel Rafecas citó a declaración indagatoria a Julio De Vido en la causa por supuestas irregularidades en el "Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008", obra pública que contaba con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares y que fue adjudicada a Odebrecht. Al mismo tiempo, decidió enviarle un tramo de la investigación al juez Marcelo Martínez De Giorgi, que podría terminar unificando todas las causas contra Odebrechet, tal como pretende el Gobierno y la Oficina Anticorrupción.Hace un mes, el fiscal Federico Delgado había pedido la indagatoria De Vido y otros ex funcionarios por los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.El ex ministro de Planificación -que está siendo juzgado por la tragedia de Once y acumula otros cinco procesamientos- deberá declarar el 5 de diciembre.El magistrado también dispuso el llamado a indagatoria de otros cinco imputados: Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles, y dos directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat.En el expediente, según difundió el juzgado a través de un comunicado, está probado que todo el proceso licitatorio estaba direccionado a la empresa Odebrecht. "La presentación de otras dos empresas al llamado a licitación (Camargo Correa y Roggio), se sospecha que habría resultado ser algo meramente formal, dado los plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación", agrega ese comunicado publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).Para el juez, el ex ministro creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a "licitación privada" a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Luego, como esas empresas se negaron a hacerlo, fue convocada la firma Cammesa, que finalmente le adjudicó el negocio a Odebrecht.
