Causa Cuadernos: la Policía allanó las oficinas de Pietroboni

Entre los 82 allanamientos que dispuso el jueves el juez federal Claudio Bonadío en oficinas públicas y privadas con el fin de obtener información sobre obras públicas del período 2003-2015, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, también se incluyó el de la firma uruguayense Pietroboni.   Al respecto, cabe recordar que el año pasado los abogados entrerrianos Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet habían presentado ante el magistrado un escrito en el que pidieron que se incluya una vinculación local con la causa y el allanamiento de la sede de la constructora. Otra de las firmas alcanzadas por la medida judicial fue la empresa constructora José Eleuterio Pitón S.A., en Gualeguay. En la causa que lleva adelante Bonadío está procesada la expresidenta Cristina Kirchner y están involucrados decenas de exfuncionarios suyos y del fallecido expresidente Néstor Kirchner, además de empresarios de la construcción. Es en el marco de la investigación que se desató tras la aparición de los 8 cuadernos "Gloria" que escribió a lo largo de una década, entre 2005 y 2015, Oscar Centeno, exchofer de Robert Baratta, el segundo del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Las revelaciones -cómo funcionó el entramado de pago de coimas en la obra pública que salpica a todo el kirchnerismo pero que también involucra al presidente Mauricio Macri ya que en la causa está involucrado su primo, Ángelo Calcaterra- ha sacado a la superficie lo que ya otras investigaciones judiciales han revelado: el negocio que representa la obra pública para el financiamiento de la política. La medida judicial del juez Bonadío es consecuencia de los datos aportados por Ernesto Clarens, exfinancista de la familia Kirchner, y su famosa planilla de Excell en la que están nombrados varios empresarios, entre ellos cuatro de la provincia de Entre Ríos: Codi SA, Lemiro Pietroboni SA, cuya sede central está en JJ Bruno 2725, de Concepción del Uruguay; Luis Losi Construcciones SA, con sede en Paraná, y la empresa Eleuterio Pitón SA, que tiene su cuartel general en Rivadia 50, de Gualeguay. Según se informó oficialmente, en los operativos los policías piden información administrativa, actas societarias y otro tipo de documentos que a criterio del magistrado podrían ser útiles para avanzar en la investigación. Análisis.