Colectivos de discapacidad entrerrianos exigen control parlamentario y fondos para la nueva ley
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Organizaciones, asociaciones civiles, instituciones y colectivos vinculados a la discapacidad de distintos puntos de Entre Ríos difundieron una carta abierta dirigida a los diputados y senadores nacionales por la provincia, en la que manifestaron su preocupación por la implementación de la nueva legislación sobre discapacidad y reclamaron garantías concretas para que los derechos reconocidos se cumplan efectivamente.
El documento, fechado el 21 de noviembre en Gualeguaychú, plantea que la sanción de una ley no constituye por sí sola una garantía de cumplimiento y advierte sobre la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento, control y financiamiento que permitan sostener el sistema de prestaciones básicas.
“Reconocemos la importancia de avanzar hacia un marco normativo permanente que supere la emergencia y garantice la continuidad del sistema de prestaciones básicas. Sin embargo, entendemos que la sanción de una ley no constituye, por sí sola, una garantía de cumplimiento efectivo de los derechos”, señalaron.
En ese sentido, remarcaron que las personas con discapacidad y sus familias necesitan certezas respecto de la continuidad de los tratamientos, los apoyos, la disponibilidad de profesionales, el funcionamiento de las instituciones y el acceso oportuno a las prestaciones.
“No pueden quedar expuestas a decisiones administrativas, demoras presupuestarias o dificultades de financiamiento que comprometan su calidad de vida”, advirtieron.
Los seis puntos centrales del reclamo
La carta establece seis aspectos que las organizaciones consideran prioritarios y sobre los cuales solicitan un compromiso activo de los representantes entrerrianos en el Congreso de la Nación.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la continuidad de los tratamientos y las prestaciones. Piden garantizar que ninguna persona vea interrumpidos sus procesos de rehabilitación, terapias, apoyos educativos, transporte, centros de día y demás servicios contemplados en la Ley 24.901 por motivos administrativos o financieros.
También solicitan asegurar la sostenibilidad del nomenclador nacional, mediante actualizaciones suficientes y oportunas de los aranceles del sistema de prestaciones básicas. En este punto, consideran necesario contemplar los costos reales de funcionamiento, los salarios de los profesionales y la situación económica de las instituciones y servicios.
Otro de los aspectos señalados es la protección de las pensiones no contributivas. Las organizaciones reclaman que se revisen y monitoreen los criterios de acceso, permanencia y auditoría, con procedimientos accesibles, notificaciones fehacientes y garantías del derecho a defensa, para evitar suspensiones injustificadas.
En materia presupuestaria, solicitan información pública, periódica y transparente sobre las partidas destinadas a discapacidad, su ejecución efectiva, las deudas con prestadores y los mecanismos previstos para asegurar el funcionamiento del sistema.
A su vez, plantean la necesidad de generar espacios reales de consulta y participación de las personas con discapacidad, sus organizaciones representativas, familias, prestadores e instituciones durante la reglamentación, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Por último, exigen que todas las medidas administrativas, presupuestarias y legislativas respeten la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en lo referido a la autonomía, la vida independiente, la accesibilidad, la educación inclusiva y el derecho a recibir los apoyos necesarios durante todas las etapas de la vida.
El temor a nuevas barreras administrativas
En otro tramo del documento, las organizaciones expresaron su preocupación por la posibilidad de que los requisitos administrativos, las evaluaciones socioeconómicas y los mecanismos de auditoría terminen convirtiéndose en nuevos obstáculos para quienes ya enfrentan dificultades para ejercer sus derechos.
“La discapacidad no desaparece cuando se elimina una partida presupuestaria. Las necesidades de apoyo no se suspenden por una auditoría. Los tratamientos no pueden esperar los tiempos de la burocracia”, sostuvieron.
Por ese motivo, solicitaron a los legisladores nacionales que informen qué mecanismos de seguimiento y control parlamentario se pondrán en marcha, que garanticen la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de reglamentación y que requieran información periódica sobre la continuidad de las prestaciones y los pagos a los prestadores.
Además, pidieron que se impulsen acciones legislativas y de control ante cualquier medida que pueda representar un retroceso o una vulneración de derechos.
“No reclamamos privilegios. Exigimos derechos efectivos”
Hacia el final de la carta, las entidades hicieron hincapié en el impacto que las dificultades del sistema tienen sobre la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.
“La responsabilidad del Estado es garantizar que ninguna persona quede atrás y que ninguna familia tenga que elegir entre sostener una terapia, comprar medicamentos, pagar un traslado o cubrir las necesidades básicas de su hogar”, expresaron.
El documento lleva la adhesión de TGD Padres TEA Gualeguaychú, Hablamos de Autismo de Concepción del Uruguay, Alas de Gualeguay, Mirartea Paraná, Neurodiversidad San Benito, NeuroCEA, TEA Azul, Casa Club, Síndrome de Down Gualeguaychú, CREAN, Fundación Incluir, colectivos nacionales de discapacidad intelectual vinculados a la iniciativa iberoamericana “Quererla es crearla”, EPEI N° 28, Centro de Día IDEEA, EPEI N° 15 Emanuel y TEA Padres Concordia.
