Con cambios de último momento y amplio apoyo opositor, el Gobierno aprobó una nueva ley de Discapacidad en Diputados
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Hubo 237 votos positivos, 9 en contra y 4 abstenciones. El oficialismo descartó el ajuste en el área que dispuso en el Presupuesto 2027 y ratificó gran parte del sistema vigente. En un giro pragmático, los libertarios aceptaron todas las propuestas de la oposición y el proyecto pasará ahora al Senado.
Tras un extenso debate y negociaciones que se prolongaron durante toda la tarde, el oficialismo logró consensuar un proyecto con bloques aliados y la oposición para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza a fin de año. La iniciativa obtuvo una mayoría de dos tercios y ahora deberá ser tratada en el Senado.
Pasada la medianoche, el tablero de la Cámara de Diputados registró 237 votos positivos, nueve negativos y cuatro abstenciones. La propuesta ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso al beneficio.
El consenso se alcanzó tras dejar de lado recortes incluidos originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027, los cuales habían generado fuertes críticas. El texto aprobado garantiza la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas, explicó la diputada Gabriela Estevez.
Por su parte, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que el dictamen final es contrario a las medidas de ajuste propuestas inicialmente por el Poder Ejecutivo. En tanto, la diputada Victoria Tolosa Paz destacó:
Incorporamos garantías para que ambas pensiones tengan cobertura de salud, protegimos las asignaciones familiares, establecimos requisitos claros para acceder a las pensiones y defendimos la compatibilidad con el trabajo formal.
El proyecto también introduce mecanismos de control mediante auditorías periódicas y establece un cronograma para la cancelación de deudas con los prestadores. La mayoría especial alcanzada reduce las posibilidades de modificaciones en la Cámara alta o de un veto presidencial.