Con la llave en el bolsillo

En lo que va de marzo la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) está ocupando un sitio destacado del comentario público, pero no acerca de la educación superior que le compete, sino a raíz de tironeos políticos, discusiones, recursos de amparo, declaraciones, solicitadas, protestas y movilizaciones. Mario Alarcón MuñizDoce años cumplirá la Uader el próximo 8 de junio. Ese día de 2000 la Legislatura sancionó la ley 9.250, de creación de la casa de estudios. Pese al tiempo transcurrido vive en preparativos. Su institucionalización y funcionamiento normal como universidad sigue pareciéndose a una quimera cada vez más lejana.Ya lo sabemos de tanto repetirse en casi todos los órdenes: cuando la política mal entendida mete la cola, las cosas se embarullan, toman mal olor y las soluciones se complican. Esto, precisamente, le sucede a la Uader.En la Argentina las universidades públicas son autónomas, independientes, tienen gobiernos propios y manejan sus programas y proyectos. El único cerco es el de los presupuestos estatales. Esto es así desde 1918 cuando la reforma iniciada en Córdoba impulsó en nuestro país y Latinoamérica la democratización de la cultura y la educación. No hay motivo alguno para que la Uader sea una excepción. Creada con el fin de responder preferentemente a necesidades provinciales y regionales, ha crecido y se ha afianzado en casi 12 años, reuniendo en la actualidad a unos 20.000 estudiantes distribuidos en cuatro facultades y diversos centros de estudio de varias ciudades.La aceptación de la que da cuenta esa cantidad de alumnos, no ha alcanzado hasta ahora para normalizar la vida universitaria. La casa sigue dependiendo de un rector normalizador y de un consejo superior provisorio. Es decir, del gobierno.Las buenas intencionesLa educación superior en la Argentina está regida por la ley nacional 24.521. Allí se establece que el proceso de normalización de las nuevas universidades debe concluir en cuatro años. En Entre Ríos llevamos doce, han pasado cuatro rectores y las cosas que en el último año parecían encaminarse, han vuelto al principio.Con la declarada buena intención de normalizar la Uader,  el gobernador Urribarri no bien asumió su primer período designó rectora a la profesora Graciela Mingo. El proceso avanzó esta vez, aprobándose un cronograma que comenzó con la elección de consejeros estudiantiles y administrativos en noviembre (ambos actos se realizaron) y de graduados y docentes el 20 de marzo (realizado aquél, postergado éste).Luego continuarían las reuniones de consejos de facultades para elegir decanos el 11 de abril y la constitución del consejo superior el 18 del mismo mes, culminando con la elección del rector el 26 de abril.Es por lo menos curioso que, no bien concluyó la elección de los estudiantes con resultado -según se estimó en algunos círculos- adversos para el gobierno, la rectora fue reemplazada. Se reiteraron las aclaraciones, inclusive por parte del nuevo rector Marino Schneeberger, en el sentido de que el proceso de normalización continuaría sin variantes.Normalización frenadaEl 28 de febrero, en reunión pública del consejo superior provisorio, un grupo de docentes solicitó postergar la elección del 20 de marzo porque aún no estaban concursados todos los cargos. Vale aclarar que para ser elegido consejero el docente debe ser titular ordinario. El interino está habilitado para votar, pero no puede integrar una lista. Sometido el pedido a votación fue rechazado.A raíz de este contraste siete docentes (entre unos 1.200 de la Uader) plantearon un recurso ante la Justicia para postergar la elección. Ahí apareció nuevamente la mano del gobierno, en este caso con la firma del fiscal de Estado, Rodríguez Signes.El funcionario, por escrito, se presentó ante el juez de Instrucción Alejandro Grippo en su condición de titular de "este organismo de control de todos los actos del poder público". (¡Ahá! ¿Y la autonomía universitaria?) Sostiene que la resolución del consejo superior (por mayoría) "está conculcando la normalización democrática de la universidad al violentar el derecho de muchos docentes de participar en el proceso eleccionario" y entiende que "debe prorrogarse la confección de padrones y suspenderse la elección del claustro docente". Fue lo que en definitiva hizo el juez Grippo hace una semana.Por tiempo indefinidoPara dar cumplimiento a lo requerido por el fiscal de Estado, se deben concursar todos los cargos docentes, al menos un 70%  conforme lo dispone la ley 24.521. Según dicen los entendidos, ninguna universidad lo ha cumplido "porque es imposible" a raíz de cuestiones presupuestarias.En Entre Ríos ni hablar. La misma ley en la que se apoya el fiscal de Estado, establece también cuatro años para normalizar la casa. Pero de esto nadie habla. En consecuencia, habrá que esperar los concursos, vaya a saber cuánto tiempo. Mientras tanto, los estudiantes con el respaldo de buena parte de la comunidad universitaria, han ganado la calle. Quieren la normalización tal como se venía planteando. El gobierno provincial ya no tiene intenciones de otorgar ninguna autonomía. Con la llave en el bolsillo es mejor. Mientras tanto, a alguien del oficialismo se le ocurrirá "nacionalizar" la Uader. (¡Cuidado! Tomar nota).  Lo bueno de estos días es que algunos diputados opositores advirtieron que la ley 9.250 de creación de la Uader, en sus artículos 5° y 6°, dispone la constitución de una comisión bicameral de seguimiento de la universidad y colaboración con la misma. Funcionó hace tiempo y procuran, en buena hora, rehabilitarla. ¿Podrán?