
La decisión del juez a cargo del despacho del juzgado de Instrucción 2 de Paraná, Carlos Ríos, que investiga si ex legisladores cometieron un delito al no cumplir la orden que prohibía la aprobación de los pliegos del concurso 25, "linda con el absurdo", confirmó el ex senador Julio Majul.Sobre la decisión del juez Ríos, que amplió el avocamiento y llamó a indagatoria en fecha a determinar a los imputados en la causa, según confirmó la responsable de prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Inés Ghiggi, Majul indicó que designó como abogado patrocinante al doctor Edgar Exequiel Olivera, por la intervención acordada en el proceso caratulado "Argain, Héctor y otros - s/ desobediencia judicial", en trámite en la secretaría número 2."El 16 de octubre presenté ante esa secretaría un escrito en el que designé a Olivera como mi abogado defensor, y formulé una manifestación sobre el fondo de la cuestión", expresó.En el texto, Majul le explicó a Ríos que leyó "en los medios gráficos y de Internet, que se ha convocado como imputados a todos los senadores de entonces. Me resultan incomprensibles las idas y vueltas en este caso, en cuanto a los imputados. Pero esta última resolución, de convocar a todos los senadores como imputados, cuando en la sesión no estábamos todos los senadores, sino quince, ya me resulta lindante con el absurdo".Por eso ratificó "todo lo expresado verbalmente y por escrito al titular del Superior Tribunal, el día después que llegara la disparatada 'orden' del STJ" y aseguró que "la Constitución es clarísima en indicar que nada tiene que ver ni que hacer el Superior Tribunal en el nombramiento de los jueces. Y mucho menos, en este caso específico donde ya el Poder Ejecutivo había enviado al Senado las propuestas. Nadie puede impedir que el Senado cumpla su deber, su obligación, de votar los pliegos: puede aprobarlos o no, pero no puede dejar de tratarlos".El ex senador advirtió que "lo que pudo hacer el Superior Tribunal fue, luego del envío de los pliegos aprobados por el Senado al Ejecutivo, pedirle al Ejecutivo que no designara a los jueces hasta que no se resolviera el insólito reclamo formulado. Que el Superior Tribunal desconozca las normas constitucionales me causa profunda preocupación".Además, Majul pidió la reserva del caso federal y argumentó que "en el convencimiento que la causa que se instruye está fuera de la competencia jurisdiccional del Poder Judicial, y resulta violatoria del principio de la división de poderes que inspira la Constitución nacional y por ella la de nuestra provincia (art. 5 Código Penal), que se autocontrolan y por ende no tienen jerarquía uno sobre otros y que por este procedimiento se estarían violando facultades propias que por Constitución tiene el Senado de Entre Ríos, dejo planteado el recurso extraordinario por ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación".El ex legislador advirtió que "la invasión que un poder del Estado pudiera hacer respecto de la zona de reserva de actuación de otro, importa siempre, por sí misma, una cuestión institucional de suma gravedad que, independientemente de que trasunte un conflicto jurisdiccional o un conflicto de poderes en sentido estricto, debe ser resuelta por esta Corte, pues problemas de tal naturaleza no pueden quedar sin solución (del voto de la mayoría)".Y manifestó que "la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, en las causas en que se impugnan actos cumplidos por otros poderes en el ámbito de las facultades que le son privativas, la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación".
(AIM)