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Condenaron a 18 años al hombre que violó y dejó embarazada a una nena de 11 años

La sala V de la Cámara Penal de la provincia de Tucumán condenó este viernes a 18 años de prisión por abuso sexual al hombre que violó a Lucía, la nena de 11 años a la que dejó embarazada y le terminaron practicando una cesárea a pesar de que ella había pedido tener acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En un juicio abreviado, la Justicia falló en contra del imputado, de 67 años, que era pareja de la abuela de la pequeña.

Se supo que luego de la cesárea realizada a la niña el 27 de febrero de 2019 los médicos tomaron muestras del cordón umbilical de la beba para realizar un estudio de ADN y compararlo con el del acusado, pero esos resultados no trascendieron.

El 5 de febrero de 2019, la madre de la niña denunció el abuso que sufrió su hija y pidió la ILE cuando cursaba la semana 16 de embarazo. “Quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo”,dijo la propia nena en Cámara Gesell algunos días después.

Pero tras permanecer internada en el hospital, recién se le practicó una cesárea en la semana 23, luego de una puja entre el gobierno provincial, la Justicia y los médicos que se negaban a interrumpir el embarazo, en derecho que figura en el Código Penal desde hace cien años. La beba, que pesó 660 gramos al nacer, murió.

La beba, que pesó 660 gramos al nacer, murió

Distintas organizaciones no gubernamentales que tratan temas de violencia de género presentaron en Washington, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra las autoridades de la provincia de Tucumán por haberle negado a Lucía su derecho “al acceso a la salud integral y a una vida libre de violencias”, lo que en los hechos se tradujo en la obstaculización de su derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Representantes del Estado argentino reconocieron, en esa reunión hecha en Washington en septiembre de 2019, que se habían vulnerado los derechos de Lucía.

En las disertaciones denunciaron que en Tucumán -y en todo el país- “no existe una educación sexual integral respetuosa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género”, y pidieron que la CIDH exhorte al Estado a reconocer en la legislación penal al embarazo forzado en niñas menores de 14 como “tortura”.

Además reclamaron la necesidad de que en los protocolos de Abuso Sexual Infantil se indique que la ILE es un derecho, y señalaron que no todas las provincias adhirieron a esa normativa. Este punto fue reconocido por el Estado, al momento de tomar la palabra.

Incluso Juan Manzur, gobernador de la provincia de Tucumán, habló cuando se le hizo la cesárea a Lucía y respaldó el accionar del Ministerio de Salud: "Se hizo lo que la familia solicitó, lo que corresponde, y en el tiempo que lo hicieron". La cartera recibió fuertes críticas y fue acusada de haber demorado y obstaculizado la práctica del aborto. Incluso quien fuera secretario de Salud de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, dijo en diálogo con Clarín que las dilaciones "sólo complicaron las cosas" y afirmó que "no se debería haber llegado a esta situación".

Lo ocurrido con Lucía generó una fuerte polémica entre el Ministerio de Salud provincial y la Justicia. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán señaló entonces que el comunicado emitido por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de la cartera tucumana que "menciona que se dará cumplimiento a la Doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo 'en procura de salvar las dos vidas', no refleja lo requerido por la jueza interviniente".

La magistrada había ordenado en su resolución que "en función de lo peticionado por la niña y su progenitora, y conforme a la doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL se continúen los procedimientos necesarios" y desestimado la judicialización del caso.

El fallo FAL de la Corte determinó que los abortos legales (como en el caso de una violación) no se deben judicializar.

Ante ello, el gobernador sostuvo que "primero la familia dijo que quería continuar con el embarazo de esta criatura que había sido violada, pero 36 horas después dijo que quería hacer la interrupción del embarazo, y a partir de ahí se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para garantizar esa decisión".

Manzur explicó que se le practicó una cesárea porque "es una criatura de 11 años y sus órganos no están preparados para un abordaje natural".

Por otra parte, pidió a la justicia que "le caiga con todo el peso de la ley y que se pudra en la cárcel al violador" de la niña. También se refirió a la educación sexual en las escuelas y dijo que "se lleva adelante la educación sexual tal cual marcan todas las leyes vigentes".

En octubre de 2018 perdió estado parlamentario el único proyecto que sumaba a la Provincia a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673), sancionada en 2002. Además, Tucumán es la única provincia que no se encuentra adherida a la Ley nacional de Educación Sexual Integral, de 2008.

Lucía

Lucía se presentó en un CPA (Centro de Atención Primaria) el 29 de enero, en la semana 19 de gestación. Dijo que tenía "dolor de tripas". Se constató el embarazo. La nena no sabía. Se dispuso su traslado al Eva Perón. La dejaron internada con riesgo provocado por la gestación. La madre siempre acompañó a su hija, que varias veces repitió que quería terminar con el embarazo: quería "que se lo saquen".

Al enterarse de la situación, Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humano y Estudios Sociales (Andhes), y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) presentaron un amicus curiae en la Justicia el viernes de la semana pasada.

Desde el hospital no les permitían tomar contacto con la nena ni la mamá. Pero la tía se contactó por Facebook con el grupo Ni Una Menos en Tucumán y pudieron intervenir. Entonces la nena y la mamá pudieron poner por escrito el deseo de terminar con el embarazo.

Desde estos organismos de mujeres y derechos humanos contaron a Clarín que intervinieron en el hospital para que cesen la medicación que daban a la nena: la estaban medicando para que madure el feto. También contaron que el secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, le dio una tablet, y que se permitió el ingreso de personas de organizaciones pro vida que haciéndose pasar por médicos que las iban a ayudar, intentaron convencerlas para que sigan con el embarazo. Les hablaron de maternar, les dijeron que si no le iban a sacar el útero, que nunca más iba a quedar embarazada.

El martes, finalmente, la nena fue sometida a una microcesárea en medio de la noche, un mes después de su pedido de interrupción del embarazo. Quienes se hicieron cargo de la intervención fueron dos médicos privados que tuvieron que trabajar solos porque ningún profesional del hospital público Eva Perón quiso actuar. (fuente: Clarín)

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