Crece la preocupación en Gualeguaychú por la cantidad de familias endeudadas y el hostigamiento de estudios de cobranza
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La morosidad se convirtió en la problemática que, por amplio margen, más consultas genera en los estudios jurídicos de la ciudad. En un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos de vida y la dificultad para llegar a fin de mes, cada vez son más las personas que recurren a préstamos y tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas, y luego quedan atrapadas en una cadena de deudas difícil de pagar.
Los abogados de la ciudad Jeremías Irigoytia y Heidi Boueke advirtieron sobre un escenario que se profundizó durante los últimos meses: consumidores que utilizan créditos no para invertir o proyectar a futuro, sino para pagar servicios, alimentos, alquileres y gastos cotidianos. Esa situación, explicaron, deriva muchas veces en un círculo del que resulta muy complejo salir.
“Hoy en día el tema número uno, muy lejos del segundo, tiene que ver con la situación particular económica en la que nos encontramos. La gente de clase media ha tenido que acceder a préstamos, se empezó a atrasar en los pagos y comenzó a utilizar la tarjeta de crédito para pagar el supermercado”, explicó Irigoytia.
Según señaló, esa dinámica generó que muchas familias ingresen en una “bola” de deuda sin saber cómo resolverla, mientras que del otro lado aparecen empresas y estudios de cobranza que despliegan distintos mecanismos para intentar recuperar esos montos.
“Hay mucha gente que no sabe cuáles son sus derechos, toma decisiones equivocadas, se asusta y se siente intimidada. Son cientos de consultas las que nos han llegado este año”, sostuvo el abogado.
Deudas que cambian de manos y cobranza agresiva
Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales es el proceso mediante el cual algunas entidades financieras venden sus carteras de deudores a empresas dedicadas a la cobranza.
Irigoytia explicó que, según le transmitieron desde una entidad bancaria, cuando un cliente acumula alrededor de 90 días de atraso, muchas veces la deuda deja de ser gestionada directamente por el banco y pasa a formar parte de una cartera que es ofrecida a estudios o empresas especializadas.
“Publican toda la masa de deudores y las empresas que se dedican a la cobranza compran esas deudas. A partir de ahí cambia completamente la situación, porque empieza una persecución que realmente sorprende”, afirmó.
En ese escenario, aparecen llamados reiterados, reclamos a través de distintos canales y, en algunos casos, situaciones que los abogados consideran irregulares: “Muchas veces una persona recibe llamados de estudios jurídicos de cobranza por una deuda que ni siquiera sabe quién tiene. Cuando pregunta a quién le debe, no siempre recibe una respuesta clara”.
Además, señaló que es habitual que una misma deuda sea gestionada por distintos estudios, lo que genera mayor confusión para el consumidor.
Por su parte, Heidi Boueke hizo hincapié en que detrás de cada deuda hay una situación personal y económica que debe ser analizada. Remarcó que, si bien una deuda existe y debe ser afrontada, existen límites legales para la forma en que se realizan los reclamos: “Hay muchas conductas que están prohibidas. Se genera un hostigamiento hacia las personas, se comunican las deudas a familiares o a terceros, y eso está legalmente prohibido”.
En ese sentido, aclaró que las deudas son personales y que, salvo situaciones excepcionales, no pueden ser reclamadas a familiares, parejas, vecinos o empleadores.
“Tengo casos donde llaman al trabajo de una persona, donde esa persona atiende al público, y exponen una deuda personal delante de compañeros. Eso coloca al consumidor en una situación vergonzante y está prohibido”, sostuvo.
La abogada explicó que el problema actual no es solamente financiero, sino también social: “Antes un préstamo bancario estaba más relacionado con una inversión, con financiar estudios, una vivienda o un proyecto. Hoy muchas personas piden préstamos para pagar gastos corrientes, para pagar servicios o llegar a fin de mes”.
Esa situación provoca que muchas familias soliciten nuevos créditos para cubrir los anteriores, generando una “bicicleta” financiera: “Terminan sacando nuevos préstamos para pagar préstamos anteriores. El porcentaje del ingreso destinado a la deuda se vuelve incompatible con el sueldo y con cualquier posibilidad de progreso”.
Según explicó, es frecuente encontrar casos donde una persona tiene ingresos que no alcanzan para cubrir una cuota elevada: “Si alguien cobra 800 mil pesos y tiene una cuota de 600 mil, es evidente que en algún momento va a tener problemas porque no puede vivir con 200 mil pesos. La realidad es que muchas veces estas empresas buscan presionar porque saben que judicializar una deuda lleva tiempo y que existen límites para los embargos”.
¿Qué pueden hacer quienes tienen deudas?
Los profesionales remarcaron que el primer paso ante un reclamo es no actuar por miedo o desesperación.
Boueke recomendó solicitar siempre un detalle completo de la deuda: “Lo primero que hay que pedir es información. La entidad está obligada a explicar cuál era la deuda original, qué intereses se aplicaron, qué gastos se agregaron y cómo se llegó al monto reclamado”, indicó.
A partir de esa información se puede evaluar si el reclamo corresponde y qué alternativas existen. También destacó que muchas veces es posible negociar reestructuraciones, plazos más largos o quitas, especialmente cuando la persona tiene voluntad de pago.
“Hay gente que quiere pagar, pero no puede hacerlo en las condiciones que le plantean. Si sobre un préstamo de 100 mil pesos pretenden cobrar un millón y medio, la persona tiene derecho a analizar esa situación y negociar”, expresó Irigoytia.
Ambos abogados coincidieron en que el crecimiento del sobreendeudamiento no es solamente un problema económico. Tiene consecuencias en la vida cotidiana de las familias, genera estrés, conflictos y afecta la salud emocional.
“Es un tema social. La deuda genera problemas familiares, cambios en el humor, angustia y situaciones que después terminan impactando en otros ámbitos de la vida”, concluyó Boueke.
Mientras la situación económica continúa presionando a los hogares, la recomendación de los especialistas es clara: informarse, conocer los derechos y evitar tomar decisiones impulsadas por el miedo frente a los reclamos de cobranza.
La morosidad alcanza a unos seis millones de argentinos
Los incumplimientos siguen en aumento y ya afectan al 27,9% de los deudores. El deterioro es mayor entre usuarios de Fintech (como Mercado Pago) y tarjetas de consumo.
Los últimos datos elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran que durante mayo de 2026 (y se estima que los de junio darán peor) alrededor de 5,8 millones de personas no pudieron pagar regularmente sus deudas.
En total, el 27,9% de los 20,9 millones de deudores registrados presentó algún tipo de irregularidad, mientras que la mora del crédito otorgado a las familias alcanzó el 15,3%.
El deterioro resulta aún más pronunciado fuera del sistema bancario tradicional. Mientras la irregularidad del crédito familiar llega al 12,3% en los bancos, entre las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito trepa al 29,6%, el nivel más elevado desde que existen registros para ese segmento e incluso por encima del pico observado durante la pandemia.

