Cristina, Máximo y Florencia, a juicio oral por lavado de dinero

Lo decidió el juez Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler "simulado" de propiedades. Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner irán a juicio oral acusados de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. El juez Julián Ercolini dio por clausurada la investigación de la causa Los Sauces y elevó el expediente a juicio oral y público. El sorteo ya determinó que el Tribunal Oral Federal 5 conducirá las audiencias y dictará la sentencia.La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y Lázaro Báez -ambos presos-, es la de asociación ilícita "de carácter estable y permanente", donde la ex presidenta está señalada como máxima responsable y su hijo como organizador. En la Justicia creen que usaron toda la operatoria como una pantalla para lavar plata proveniente de sobornos. Además, se les atribuye el delito de dádivas.A juicio oral irán también López y Báez, ambos ya detenidos, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (ex contador de CFK) y los hijos de Báez, entre otros.Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante la instrucción se corroboró la existencia de una maniobra por la cual "una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional -a través de la obra pública vial, mediante el pago de dádivas en virtud de los beneficios y concesiones otorgadas, etc.- iba a parar a los ex presidentes y a su núcleo familiar".Esto se concretó a través de un sistema "montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces".El objetivo, según el juez Ercolini, era "sustraer y apoderarse y de millonarios fondos públicos" y habrían operado durante más de 10 años, "hasta el 14 de diciembre de 2016".Esta maniobra es parte de una "gran matriz de corrupción" que tiene como delito precedente la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. En esa otra causa, Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio por asociación ilícita.La operatoria contó con un grupo estable de personas, según el escrito al que accedió Clarín, empezando por los dos principales inquilinos: Báez y López que garantizaron el 86% de la facturación de Los Sauces SA. En dinero, unos $ 26 millones que fueron "a parar al patrimonio de los Kirchner", mientras ambos empresarios eran "contratistas del Estado".