Las finanzas están comprometidas. Eso sugieren recientes medidas y expresiones del ámbito oficial, donde no se atreven a admitir el problema de fondo: la voracidad del Estado nacional que priva de recursos genuinos a las provincias.Mario Alarcón MuñizDurante la última semana el tema reapareció a raíz del proyecto de emisión de letras del Tesoro, para negociar préstamos en moneda nacional o extranjera con garantía de fondos coparticipables. Como el texto extiende la autorización a "otro tipo de obligaciones negociables o instrumentos financieros", alguien recordó los bonos federales provocando un explicable espanto. Sin embargo, de tal recurso no hay riesgo alguno, pues ahora está vedado por la nueva Constitución de 2008. Fue apenas un susto pasajero. A las apuradasDe todos modos llamó la atención la premura del tratamiento legislativo. Otra vez gallos y medianoche. En la Casa Gris no entienden que las sospechas saltan cuando el oficialismo empuja temas importantes para tratarlos a las apuradas y si fuera posible a escondidas. Ya lo señalamos en esta columna el pasado 1 de abril. Además, no sirve. Más temprano que tarde las reacciones adversas se producen igual.Así sucedió con el impuesto inmobiliario rural. Se intentó disimularlo en la Legislatura, pero reventó cuando los productores recibieron las boletas. Ni que hablar de la ley de entrega de 200.000 hectáreas fiscales del Delta por 99 años a un fantasmagórico consorcio arrocero y encima con un préstamo estatal, aprobada por sonámbulos. A los 40 días se la derogó para calmar los ánimos.Con las letras de Tesorería autorizadas por el Senado el miércoles y por Diputados el jueves a la madrugada, ocurrió algo parecido. No es un asunto nuevo. Se lo aprobó a fines de diciembre como parte del presupuesto 2012. En esa oportunidad se autorizó un endeudamiento de 1.500 millones de pesos, el 25% para pagar deudas. Se trata entonces de 375 millones. En el apuro nocturno olvidaron que también podían ser dólares u otra moneda, lo que se agregó esta semana.Números realesLa deuda provincial preocupa. Ya no caben dudas. La primera denuncia en tal sentido fue formulada hace un año (exactamente el 15 de marzo de 2011) por Marcelo Casareto en sus tiempos de opositor. El actual titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) habló entonces de una deuda provincial de 4.583 millones. Aumentó -según Casareto- un 51% desde la asunción de Urribarri en diciembre de 2007.No han cambiado mucho los números. Al finalizar el último año el ministro de Economía, Diego Valiero, admitió una deuda consolidada de 4.040 millones, estimándose en 1.900 millones la deuda flotante, es decir temporaria, pasajera, de exigencia inmediata, por lo general con proveedores y contratistas.La suma adeudada comprende 2.321 millones que la Nación refinanció a Entre Ríos en diciembre pasado hasta 2030 con un plazo de gracia de dos años, de modo que el primer pago se producirá a fines de 2013. Este compromiso se inscribe dentro del mal denominado "plan de desendeudamiento de las provincias", que en realidad es un plan de refinanciación. Es ventajoso por el bajo interés y el congelamiento de las cuotas, pero la deuda no se achica.Coparticipación en bajaEste problema no es sólo de Entre Ríos. La provincia ocupa el 11° lugar en la escala de deudores de la Nación, encabezada por la provincia de Buenos Aires (25.000 millones) y cerrada por Santa Cruz (6 millones). Sólo se salva San Luis con deuda cero. Al margen de criterios y calidades de cada gobierno, el mayor problema es la voracidad del Estado nacional. Se queda con casi todo. Este año la coparticipación de impuestos nacionales es del 26% a distribuir entre las provincias. Se trata del índice más bajo de los últimos 63 años. Entre 1935 y 1949 era del 18%. Perón lo aumentó al 51% y Alfonsín lo llevó al 54% en 1988 mediante la ley 23.548 aún vigente. Menem y Cavallo recortaron un 15% en 1992 para financiar el sistema previsional estatal, altamente deficitario por la creación de las Afjp. Estas entidades desaparecieron hace tres años y medio, pero el gobierno nacional no sólo mira hacia otro lado, sino que a fines del último año prorrogó el recorte hasta 2015 por decreto "de necesidad y urgencia" sin que nadie chistara.Mientras tanto persiste el incumplimiento de la Constitución Nacional de 1994 que en su sexta disposición transitoria ordena elaborar un nuevo régimen de coparticipación "antes de finalizar 1996". Nadie se acuerda. Los gobiernos provinciales prefieren depender de la caja nacional. Forman fila para sonreír, adherir, aplaudir, todo bien, qué maravilla. En una de esas ligan unos mangos. Y siguen endeudándose. Los pesos son ajenos.El fondo de la soja es otro engaño. Más ruido que nueces. Pero de eso hablaremos en una próxima ocasión.
