
Ciudadanos uruguayos, en cercanías de La Paloma, se manifestaron contra una obra que beneficiará a la finlandesa UPM Botnia. Cuatro de ellos fueron detenidos. La jueza del departamento Rocha citó para hoy a las partes a dialogar. "Con la misma metodología implementada por los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, casi un centenar de uruguayos, de la zona del departamento Rocha, en Uruguay, bloquearon el paso de maquinarias viales que están realizando obra que beneficiará a la pastera UPM-Botnia", informó El País de Montevideo.La tensa jornada derivó en cuatro personas detenidas y que se monte un importante cerco para vigilar las obras viales para UPM-Botnia.El camino en cuestión es una obra de seis kilómetros que unirá la ruta 10 con el puerto de La Paloma y por esa carretera, ingresarán los camiones con madera que vienen por la ruta 9, camino El Arbolito, ruta 10 y luego ingresarán al puerto de La Paloma, donde se cargarán lo barcos con destino a Fray Bentos.Específicamente, se trata de una obra caminera, en cercanías al balneario La Paloma, para industria de pasta celulosa. A través de ese camino, la firma podrá cargar madera en una planta de acopio y luego, a través del puerto de La Paloma, enviarla en barcos a Fray Bentos, donde se encuentra la planta productora de pasta de celulosa.En tanto, desde Gualeguaychú, los integrantes de la Asamblea Ambiental siguen con su reclamo en contra de la pastera UPM-Botnia y volvieron a renovar su pedido para que se informe sobre los análisis del control ambiental que, desde hace 15 meses, viene realizando el Comité Científico y que aún no fueron dados a conocer públicamente.El pedido se reactivó cuando los científicos argentinos y uruguayos deben realizar un nuevo ingreso a la planta y una nueva muestra del agua en el río Uruguay y en el Gualeguaychú."La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, a diario renueva sus pedidos por 'necesidad' y 'derecho' para que se hagan públicos los informes de los anteriores monitoreos. Es que las inspecciones que llevó a cabo el comité científico, a instancias del fallo de la Corte Internacional de La Haya, hasta el momento nunca se dio a conocer los resultados de las muestras tomadas".Pese a los ingresos mensuales, ambos gobiernos no se ponen de acuerdo en las normas elementales para informar sobre el estado del río Uruguay y el de Gualeguaychú.Es que por un lado, el vecino país, modificó unilateralmente, la normativa respecto a la temperatura del volcado de efluentes, elevando de 30 a 37 grados centígrados, lo que contradice el digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay, que establece que no se podrá superar las condiciones naturales del río, es decir, nueve grados promedio en invierno y 20 grados promedio en verano. Enojo de un fiscalEn el departamento Rocha, no sólo los vecinos protestan por la obra para la industria UPM-Botnia, sino también el fiscal uruguayo, Enrique Viana, conocido como "el fiscal verde", quien aseguró que la situación es grave y consideró que el camino que se está construyendo es "cuasi clandestino" y que se está llevando a cabo la obra sin tener en cuenta el "impacto ambiental", consignó el diario uruguayo.Ante esa situación, el fiscal verde anunció que su fiscalía tiene iniciado un proceso y ya intimó a las autoridades a que lleve a cabo el estudio de impacto y se están llevando a cabo medidas para frenar la obra.En cuanto al accionar de la justicia al respecto, Viana comparó la jurisprudencia que se tiene el Uruguay con la de Argentina o la de Brasil. En ese sentido, dijo que en su país hay una "jurisprudencia anti ambiental refiriéndome al Poder Judicial. Si se revisan las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, no hay una sola que ampare la protección del medio ambiente. En Argentina o Brasil los órganos superiores de Justicia dictan, no digo que todos los días, pero en forma habitual y periódica, sentencias en protección del medio ambiente".Los ambientalistas uruguayos no confían en que UPM-Botnia cumpla con su promesa de no "mover" maderas durante el verano, como tampoco del tope de tonelaje anual a ser desplazado como lo estableció, en un acuerdo el Gobierno de ese país y la firma.Pero no sólo los pobladores rechazan la planta de acopio de UPM-Botnia en La Paloma, sino también el intendente de ese departamento, Alcides Perdomo, quien coincidió con sus vecinos de que se "haga un estudio de impacto ambiental", consignó.