Darán de baja a arrendamiento de islas

La medida se traduciría a través de un decreto que firmará el gobernador Sergio Urribarri, y que pondrá fin a los permisos otorgados a través de la Ley N° 9.603, sancionada en 2004 por la Legislatura. Esa norma otorgó a particulares, a través del sistema de arrendamiento, "todas las islas fiscales de la Provincia de Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos".Aquella ley estableció que los predios de las tierras fiscales del Delta -fundamentalmente en los departamentos Victoria y Gualeguay— "deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas".Pero un sobrevuelo que hizo un grupo de funcionarios el lunes 5 pudo constatar que ninguno de los lotes --arrendados a apropiados—está actualmente ocupado por particulares, lo que apoyaría la tesitura oficial de impulsar la recuperación de esos predios. Una preocupación central de las autoridades lo constituyen también las ocupaciones ilegales, que se han convertido en moneda corriente en el último tiempo.Según contó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, mañana está previsto que se reúnan los responsables de distintas áreas que tienen que ver con la recuperación y protección de las tierras fiscales en la provincia --entre otros, el jefe de Policía, Héctor Massuh, y el escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi- de modo de avanzar en la decisión de hacer efectiva la recuperación de las islas del Delta.De acuerdo a datos oficiales, en el departamento Victoria, las islas fiscales representan 376.000 hectáreas, de las cuales el Estado posee 132 mil hectáreas. Por el sistema de arrendamiento, se transfirieron a los privados un total de 78 mil. Esa entrega se hizo, según dice la ley, mediante contratos de arrendamiento con una duración "de tres años", renovables por otros tres. Pero el fiscal de Estado opina que no deben renovarse, y a su vencimiento, recuperar los predios.Más compleja de resolver es la situación de los predios ocupados por particulares sin que medie un contrato de arrendamiento, muchos de los cuales han iniciado en la Justicia juicios de usucapión con la pretensión de hacer valer derechos ante el Estado. A través de esa mecánica, la mitad de las 200 mil hectáreas de tierras fiscales han sido ocupadas por privados, la mayoría oriundos de la provincia de Buenos Aires.Durante el sobrevuelo que el Gobierno realizó hace una semana en el Delta, y del que participó, además del fiscal de Estado y el escribano Mayor de Gobierno, el jefe de la División de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Hugo Pasutti, se labraron actas respecto al estado de desocupación de los predios, que luego se presentarán a la Justicia. El Once Digital