La Defensoría del Pueblo de la Nación comparte su preocupación con la defensoría uruguaya por la ausencia de consulta y participación de las poblaciones afectadas, ante riesgos de contaminación del Río Uruguay por la presencia de Botnia. Gualeguaychú, desde el año 2003, viene reclamando la presencia de las pasteras en la zona y rechaza de plano la actividad de Botnia UPM sobre el río Uruguay.El mundo conoce la postura de esta ciudad que defiende el medio ambiente. Las multitudinarias marchas al puente San Martín, los cortes en Arroyo Verde, la presión al Estado argentino para ir con una demanda contra el Uruguay a La Haya; son algunos de los pasos dados en ese sentido.Pero Botnia sigue operando, arrojando todo tipo de agroquímicos al río y al aire. Por eso reclama y exige Gualeguaychú.El Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien vino y recorrió toda la zona, remitió una nota a la titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, Mariana González Guyer. Lo hizo "ante la escasa consideración de los aspectos sociales emergentes de los riesgos de contaminación ambiental del río Uruguay por la radicación de una pastera de la envergadura de la Planta Orión (UPM-ex Botnia)", señaló.La Defensoría argentina destacó como punto básico, dentro del cuadro actual, "la constatación de la escasa consideración de los aspectos sociales del conflicto planteado, como es la evaluación del sentir y opinar de las poblaciones afectadas en las dos márgenes del río Uruguay".Antes de abordar esta carencia Sella enumeró las circunstancias "que permiten confirmar satisfactoriamente la puesta en marcha de una solución consensuada entre los dos gobiernos implicados para desarrollar un programa técnico-científico que controle la contaminación". "Son fundamentales, por un lado, la presencia de un Estatuto Binacional del Río Uruguay y una Comisión Administradora Binacional del Río Uruguay (CARU) que lleva adelante la ejecución de sus principios"."Es opinión de esta Defensoría que en todo conflicto ambiental deben existir mecanismos institucionalizados que aseguren una adecuada y transparente participación social de todos aquellos actores que estén vinculados directamente con el mismo. Es decir, consideramos que la participación social -permitiendo a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos más fundamentales- es un factor esencial para asegurar su evaluación, seguimiento y solución. La misma representa no sólo un derecho a elegir un modo de vida sino, además, una manera estratégica de asegurar en el tiempo la preservación de los recursos naturales. Es sobre este punto que constatamos la inexistencia de una norma, dentro del Estatuto del Río Uruguay, que asegure la consulta y participación de las poblaciones afectadas en las decisiones de la CARU".Sella recomendó la creación de una Comisión Permanente de Consulta y una adenda al Estatuto del Río Uruguay que asegure la participación social dentro del ámbito de la CARU: "ha sido nuestro interés compartir la información y preocupación (con la Defensoría uruguaya) con la seguridad de que el conocimiento mutuo de nuestras acciones y opiniones pueden generar un fructífero diálogo que aporte a tan importante tema para nuestros dos países", consignó. Pedido de la Asamblea El año pasado y tras un pedido formulado por miembros de la Asamblea Ciudadana Vecinal de Gualeguaychú para que se garantice la participación en lo referido a los proyectos de la empresa UPM-ex Botnia; "la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina le recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que promuevan la creación de un ámbito permanente de diálogo con la ciudadanía de esa localidad entrerriana"."Se solicitó a los organismos gubernamentales que implementen la creación de una Comisión Permanente de Consulta a efectos de facilitar el acceso a la información pública así como la intervención de los interesados. Al mismo tiempo se reclamó que sea impulsada la creación de un apéndice al Estatuto del Río Uruguay, con el fin de instrumentar mecanismos de participación social dentro del ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) introduciendo la figura, hoy faltante, de "participación del ciudadano afectado". Participación del vecinoEl funcionario indicó que el fallo de La Haya se reforzó con la Declaración Conjunta de los Presidentes, "lográndose acuerdos para la concreción de un monitoreo conjunto para la evaluación del funcionamiento de la Planta UPM-ex Botnia (así como de otras actividades contaminantes presentes sobre el Río Uruguay) con el fin de evaluar la existencia, o no, de contaminación en el río".Sin embargo, resaltó Sella, "y luego de haber asistido numerosas veces a reuniones de vecinos, tanto de argentinos como de uruguayos, en Gualeguaychú, sobre la problemática planteada por la localización de la Planta UPM-ex Botnia en las márgenes del río Uruguay, se concluyó que existen puntos problemáticos que deben ser encarados, y corregidos, si se quieren obtener resultados futuros totalmente satisfactorios"."A nuestro criterio el punto básico, dentro del cuadro actual, es la constatación de la escasa consideración de los aspectos sociales del conflicto planteado, como lo es la evaluación del sentir y opinar de las poblaciones afectadas en las dos márgenes del río Uruguay a partir del asentamiento citado", consignó.
