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Política | Sergio Urribarri

Dejaron sin efecto el pedido de aplazamiento del "megajuicio" a Urribarri

El megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, quedó un paso más cerca de la confirmación al quedar oficialmente sin efecto el pedido de aplazamiento del inicio de las audiencias, previsto para el jueves 16.

Este martes el juez José María Chemez –que integra el tribunal que juzgará a Urribarri entre el 16 de septiembre y el 16 de noviembre junto a María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón– firmó una resolución en la que confirmó la incorporación de los abogados Andrés Ignacio Bacigalupo en co-asistencia del imputado Emiliano Oscar Giacopuzzi junto Miguel Angel Cullen. También, de Juan Antionio Méndez como co-defensor de Gustavo Rubén Tamay junto Cullen. En tanto, la abogada Patricia Valín no será parte del equipo de defensores.

“Déjese sin efecto el pedido de plazo para el estudio de las presentes actuaciones efectuado por los Dres. Bacigalupo y Méndez”, dice la disposición de Chemez con lo cual se disipan las dudas respecto de un eventual aplazamiento del inicio de las audiencias del megajuicio a Urribarri.

Aunque el magistrado abrió una ventana que vuelve a poner entre paréntesis el comienzo de las audiencias: pidió que el área de Salud Ocupacional del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ya elaboró el protocolo sanitario que regirá durante el desarrollo del megajuicio, “informe si se mantiene vigente el protocolo comunicado en fecha 20/8/2021 para desarrollo de un juicio oral penal en el salón de actos del STJER y que, en caso de mantenerse la vigencia de las medidas indicadas en el protocolo referido, se aclare respecto de la utilización de máscaras y barbijos a fin de que contemos con ese recaudo para la registración del audio en el sistema de grabación, y todo otro extremo que hiciera a la realización y dinámica de este debate fijado”.

De acuerdo al calendario, se fijaron las audiencias de juicio oral a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre; y 15 y 16 de noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ese megajuicio ocurre luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.

También, Chemez pidió al departamento de Informática de Tribunales que garantice “todos los medios técnicos necesarios para el desarrollo del juicio oral y el funcionamiento de micrófonos para todas las partes intervinientes”. Y pidió a fiscales, defensores e imputados que “en el plazo de 48 horas de notificada la presente indiquen la asistencia presencial o virtual al debate fijado, y que, a la mayor brevedad posible, informen los testigos citados para cada jornada del debate; si asisten de manera presencial o remota; debiendo los testigos presenciales ser convocados en intervalos de tiempo a fin de evitar la aglomeración de los mismos. En igual sentido informen, con anterioridad a la audiencia si van a reproducir imágenes o exhibir documentación a fin de poder coordinar la transmisión en tiempo real”.

Ese protocolo, sin embargo, fue cuestionado por un grupo de defensores que acudió ante el Comité Organizador de la Emergencia Sanitaria (COES) del Ministerio de Salud para que se expida sobre la conveniencia o no del desarrollo del juicio en las condiciones fijadas por el Poder Judicial. “Se pidió una aclaratoria, pero no hubo respuesta aún”, admitió un defensor.

A esta instancia del megajuicio se llegó luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.

Tres en uno

La última causa que iba a ir a juicio en octubre de 2020, el pago amañado de una publicidad, quedó subsumida en un megajuicio que abarca tres investigaciones penales contra el exgobernador.

El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los exministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.

La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”. Las audiencias del juicio se habían fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 2020, a las 9, en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná. Pero ese debate no se realizó. En abril de 2020, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la denominada “Causa de la vaca”, con fecha de inicio de las audiencias previstas para 27 de abril del año pasado y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de mayo.

Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada “Causa de la vaca”, que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel “Tavi” Celis y el exintendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores. Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio de 2020, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión. Restaba, sin embargo, un tercer juicio que ya tenía fecha para Urribarri.

En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.

La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario. En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013, el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación.

El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición. Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser “testaferro” de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means. Pero ese tercer juicio no se hará. Las tres causas quedaron agrupadas en un único megajuicio. Ahora, el entuerto que se debe sortear es cómo queda integrado el el tribunal que encabezará los debates. Ante la recusación de dos de los tres magistrados hubo un pronunciamiento de primera instancia. El viernes 2 de octubre de 2020 un Tribunal rechazó los planteos para apartar a los dos jueces. En consecuencia, el Tribunal único integrado en las causas acumuladas para llevar adelante el juicio oral y público queda integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Garzón.

Pero esa no es opinión definitiva ya que el defensor Velázquez anticipó que irá con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para insistir con su planteo recusatorio hacia los dos magistrados cuestionados. No será la última instancia: de conseguir un revés en esa instancia, adelantó, irá ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Luego, el camino que seguirá de contar con una acogida favorable serán, sucesivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente: Entre Ríos Ahora

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