Democracia Cristiana exige que se investigue a Pañeda
El apoderado del partido, Hernán Altamirano, hizo una presentación formal ante el Registro Único de la Verdad. Denuncian la existencia de un decreto de 1978 por el que se designa a Pañeda como asesora Legal del Ministerio de Gobierno en plena dictadura.
+"El 17 de octubre de 1978, en plena dictadura militar y por expediente 13.186, se habría dictado el decreto 4.155 -que figura entre los no publicados y de difícil acceso-, por el que se habría designado como asesora Legal del Ministerio de Gobierno a la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del Tribunal Electoral, Leonor Pañeda", manifestaron desde la Democracia Cristiana.El apoderado legal del partido, Hernán Altamirano, hizo una presentación ante el Registro Único de la Verdad, de la Comisión de Derechos Humanos, para que se investiguen los antecedentes de la funcionaria judicial, consignó RecintoNet.Además, indicaron que Pañeda fue designada "con afectación a la Subsecretaria de Justicia y Asuntos Legislativos de la referida autoridad judicial".Altamirano exige dar cumplimiento a la norma del artículo sexto de la Constitución de 2008, la cual como es obvio, no existía en 2004, al momento del acuerdo de Pañeda y donde se establece que quienes han participado en el proceso militar, carecen de idoneidad para desempeñar funciones en el estado".En un comunicado de prensa enviado a RecintoNet, el apoderado de la Democracia Cristiana, afirmó que "en lo más mínimo se pretende desacreditar a la autoridad judicial, pero si establecer si ello es verdad, señalando que resulta del caso, acceder a los antecedentes que sirvieron de base a su supuesta designación de 1978, concurso si hubiere existido, requisitos del mismo, recomendaciones, expediente de designación, sus fundamentos y de la misma forma, verificar los dictámenes efectuados durante el desempeño del cargo de asesora Legal durante la dictadura, para poder definir una opinión".Y, precisa que fundamenta su petición de verificación de información y antecedentes, "basado en la igualdad ante la ley, ya que la ley es para todos y nadie puede quedar impune, si se ratificaren los extremos que han tomado estado público en los medios en los tiempos recientes".Finalmente remarcó "la importancia de los cargos que ocupa Pañeda deben guardar relación con sus antecedentes y comportamientos, y además ser concordantes con la ley vigente". En ese sentido, se remarcó "en el caso la norma del artículo sexto, razón por la cual es imprescindible comprobar si lo que tomó estado público es verdad, si el decreto referido es cierto y más aun los antecedentes y recomendaciones, pues no es justo, que para unos exista impunidad y para otros la ley".
+"El 17 de octubre de 1978, en plena dictadura militar y por expediente 13.186, se habría dictado el decreto 4.155 -que figura entre los no publicados y de difícil acceso-, por el que se habría designado como asesora Legal del Ministerio de Gobierno a la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del Tribunal Electoral, Leonor Pañeda", manifestaron desde la Democracia Cristiana.El apoderado legal del partido, Hernán Altamirano, hizo una presentación ante el Registro Único de la Verdad, de la Comisión de Derechos Humanos, para que se investiguen los antecedentes de la funcionaria judicial, consignó RecintoNet.Además, indicaron que Pañeda fue designada "con afectación a la Subsecretaria de Justicia y Asuntos Legislativos de la referida autoridad judicial".Altamirano exige dar cumplimiento a la norma del artículo sexto de la Constitución de 2008, la cual como es obvio, no existía en 2004, al momento del acuerdo de Pañeda y donde se establece que quienes han participado en el proceso militar, carecen de idoneidad para desempeñar funciones en el estado".En un comunicado de prensa enviado a RecintoNet, el apoderado de la Democracia Cristiana, afirmó que "en lo más mínimo se pretende desacreditar a la autoridad judicial, pero si establecer si ello es verdad, señalando que resulta del caso, acceder a los antecedentes que sirvieron de base a su supuesta designación de 1978, concurso si hubiere existido, requisitos del mismo, recomendaciones, expediente de designación, sus fundamentos y de la misma forma, verificar los dictámenes efectuados durante el desempeño del cargo de asesora Legal durante la dictadura, para poder definir una opinión".Y, precisa que fundamenta su petición de verificación de información y antecedentes, "basado en la igualdad ante la ley, ya que la ley es para todos y nadie puede quedar impune, si se ratificaren los extremos que han tomado estado público en los medios en los tiempos recientes".Finalmente remarcó "la importancia de los cargos que ocupa Pañeda deben guardar relación con sus antecedentes y comportamientos, y además ser concordantes con la ley vigente". En ese sentido, se remarcó "en el caso la norma del artículo sexto, razón por la cual es imprescindible comprobar si lo que tomó estado público es verdad, si el decreto referido es cierto y más aun los antecedentes y recomendaciones, pues no es justo, que para unos exista impunidad y para otros la ley".
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