POLÉMICA POR LA VACUNACIÓN
Denunciaron penalmente al intendente Piaggio por no difundir la lista de funcionarios vacunados
La presentación la realizó el diputado Mattiauda y el concejal Echandi, ambos de Juntos por el Cambio. La denuncia alcanza también al secretario de Salud Martín Roberto Piaggio y la ministra de Salud de Entre Ríos Sonia Velázquez. Acusan a todos de no dar a conocer la lista de trabajadores públicos y funcionarios que recibieron la vacuna contra el coronavirus.
El miércoles, pasado el mediodía, se presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra el intendente Martín Piaggio, el secretario de Salud municipal Martín Roberto Piaggio y la ministra de Salud de Entre Ríos Sonia Velázquez por “la comisión de presuntos delitos en la ejecución del PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA”. La denuncia fue presentada por el diputado provincial Nicolás Mattiauda y el concejal Pablo Echandi, ambos de Juntos por el Cambio. Según consta en la denuncia realizada en el Juzgado Federal, “las conductas antijurídicas objeto de reproche pueden ser subsumidas en las figuras contemplados en los arts. 205 – violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia-, 248 - abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público -, 256 - tráfico de influencias -, y 261 - malversación de caudales públicos, del Código Penal de la Nación como así también en la violación de la Ley de Ética Pública”. “Se solicita que se investigue la actuación de la Ministra de Salud de Entre Ríos – Lic. Sonia Velázquez –, por ser la máxima responsable del área de Salud, y por ende de la administración de las distintas vacunas en el territorio de la Provincia, y del Presidente Municipal de la Ciudad de Gualeguaychú – Dr. Martín Esteban Piaggio – y del Secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú– Dr. Martín Roberto Piaggio. por su responsabilidad en la ejecución descentralizada del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid 19 en la ciudad de Gualeguaychú, según instrucciones emanadas del Ministerio de Salud de la Provincia y del Hospital Regional “Centenario”, todo ello –como está dicho- acorde a normas y directivas federales”, reza el escrito. Todo esto responde a la polémica desatada hace algunas semanas, cuando se supo que personal de la Secretaría de Salud de Gualeguaychú había sido vacunada con la Sputnik V, siendo muchos de ellos menores de 30 años –por lo cual no estaban en los grupos de riesgo– y trabajadores que no se desempeñaban en la primera línea (o sea en los centros de salud) sino que realizaban una tarea de oficina, sin que esto los exponga de manera grave al virus covid-19. “Se conoció que funcionarios y empleados del Área Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú, se habían aplicado la vacuna. En ese caso se estableció un número de 23 personas, todas vinculadas laboralmente al municipio y ninguna con desempeño en un establecimiento sanitario y mucho menos en contacto con pacientes a la época de la vacunación que se habría producido en la segunda quincena de enero del corriente año. De inmediato se supo, por boca de una funcionaria municipal, que los vacunados excedían el número de 200. Y que se incluían en la vacunación irregular a empleados municipales del Área de Género y Diversidad Sexual, tampoco con funciones en un nosocomio ni con contacto con enfermos de Covid 19”, denunciaron con respecto al rol del municipio en la vacunación a nivel local. “A todo ello se suman las llamativas declaraciones de la Ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Lic. Sonia Velázquez, en lo que respecta a su actitud negatoria de todo tipo de irregularidades en materia de vacunaciones, como así también a la negativa por parte de la misma de dar a conocer los listados de vacunados en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos”, sostuvieron sobre la titular de la cartera de Salud provincial, y agregaron que “dicha respuesta podría tener por finalidad proteger a aquellos que debiendo administrar adecuadamente recursos públicos, los habrían distribuido de manera irregular, y a aquellos que habrían recibido las dosis a sabiendas de que no les correspondía, de acuerdo al orden de prioridad preestablecido normativamente, desplazando así a otras personas que las requerían con mayor urgencia y celeridad”. La denuncia completa
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