Desde Fopea rechazaron la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial” y advirtieron sobre su gravedad institucional

Desde la institución aludieron a que el Artículo 1 de su Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; “jamás como la imposición de un dogma”.

A su vez, remarcaron que: “El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una verdad oficial indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre”.

En Fopea advierten sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”. “Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.

Por otra parte, aluden al Decreto 780/2024 que modificó los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información, no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial”.

En este sentido, alegan que durante 23 años de vida institucional, la organización ha planteando públicamente su preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos. “El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”.

“Desde Fopea estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública”, concluye el comunicado oficial.

Fuente: APFDigital