Dictaron la prisión preventiva para 17 policías de Concordia
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La Justicia estableció 60 días de prisión preventiva para los policías de Concordia que protagonizaron un acuartelamiento en diciembre pasado. No se descartan más detenciones. Están acusados de sedición, privación ilegitima de la libertad y daño calificado, entre otros, en el marco de las protestas por aumentos salariales que realizaron en diciembre pasadoEl Juez de Garantías Alberto Funes Palacio hizo lugar a los planteos del fiscal Mario Guerrero y determinó que los 17 policías implicados en los recordados hechos de diciembre pasado deban continuar detenidos, imponiéndoles la prisión preventiva por al menos dos meses.En un gesto que llamó la atención a propios y extraños -con excepción de dos uniformados- la mayoría de los imputados regresó desde Federal con la cabeza totalmente rapada.En el grupo de imputados hay efectivos como el caso del Sargento Fabián Romeo Valdez, uno de los policías que aparece directamente vinculado a los saqueos de electrodomésticos.Los efectivos llegaron al primer piso de los tribunales de Concordia, desde la ciudad de Federal desde fueron trasladados. Todos están siendo investigados por la toma de la Jefatura Departamental de Policía y los posteriores desmanes y saqueos ocurridos en la ciudad de Concordia, desde la noche del 8 de diciembre las últimas horas del día siguiente. Varias acusacionesLa audiencia arrancó puntualmente a las 10 de la mañana, con la exposición del fiscal Mario Guerreo quien argumentó profusamente un pedido de prisión preventiva para los policías imputados en la causas caratulada "Zaragoza, Carlos Daniel y otros s/ sedición, privación ilegitima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación a cometer delitos en concurso real", legajo n° 8949/13.Entre otras acusaciones, Guerrero los sindicó como "un grupo organizado" que trabajó coordinadamente en aquellas angustiosas horas de diciembre y que quienes estaban sentados en la primera fila fueron señalizados como los mayores responsables en la violenta toma de la Jefatura Departamental.Tras ello, planteó que existía un serio "peligro de entorpecimiento en la investigación" si se les permitía recuperar la libertad, valoración que fue aceptada por el juez Alberto Funes Palacio quien estableció la prisión preventiva para los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez y Carlos Daniel Zaragoza, este último el único con rango de oficial por lo que su nombre encabeza la carátula del caso.Real peligroLa audiencia duró algo más de cuatro horas y que estuvo custodiada por fuerzas del grupo GIO. En ese marco el juez de Garantías, Alberto Funes Palacios escuchó a la fiscalía y a la defensa, para luego dar su veredicto entendiendo que era real el peligro de entorpecimiento de la investigación si los uniformados recuperaban su libertad, al mismo tiempo que dispuso que sigan detenidos por 60 días más en la Unidad Penal de Federal. Tras el fallo, los policías se mostraron angustiados junto a sus familias que acompañaron impacientes dentro y fuera de la sala penal.Según publicó Diario Río Uruguay, el juez aseveró que "existió una coordinación en la toma, ya que el lugar donde ingresaron era una Jefatura y no una iglesia", al tiempo que subrayó que "los ciudadanos comunes tuvieron que convertirse durante esos días en algo que no eran, armándose y formando barricadas para protegerse".Funes Palacios anticipó que a futuro "puede haber una pena efectiva" y dijo que "de recuperar la libertad, nada nos hace pensar que no se alzarían contra el poder Judicial como lo hicieron con el Ejecutivo"."Es difícil no observar la vinculación entre la toma de la Jefatura y la instigación a los robos y saqueos, a no ser que seamos jueces distraídos", acusó Funes Palacios y aseveró que existen indicios "serios de que se liberaban zonas del a ciudad para que haya muertes, robos y la situación de zozobra" que reinó en los concordienses durante esas horas.En ese contexto, el Juez de Garantías se refirió a la toma de la radio del Comando Radioeléctrico asegurando que "no se podía dar auxilio a los vecinos que llamaban" y enfatizó que la imputación del fiscal "es clara y precisa. Todo el grupo intervino, donde cada uno dominó parte de la acción"."Hay rastros de violencia con la que se ingresó a la Jefatura y prueba de ello es el robo al CPU donde se guardan las filmaciones de las cámaras", mencionó. Además les aclaró a los imputados y a sus defensores que "para la sedición no es necesario portar en ese momento armas, sino que se tenga acceso".Sobre el acuerdo firmado entre el gobernador Urribarri y un grupo representante en la noche del lunes 9 de diciembre, Funes Palacios fue claro al decir que "el acuerdo es nulo" y lo justificó leyendo el artículo 4 de la Constitución entrerriana en donde se refiere a la sedición.En los párrafos finales, el juez consideró que existen "caminos alternativos para el reclamo salarial", donde si el gobierno provincial acordaba "difícilmente teníamos una ciudad pacífica el 9 a la noche" y observó que "este es el iceberg de una serie de ilícitos que se cometían y sería imposible que los agentes les expliquen a los vecinos de calle Diamante porqué los desprotegieron".
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