Dictaron prisión preventiva en la cárcel para los imputados en el crimen del contador

Se revocará la detención domiciliaria por el término de 45 días para Alberto Enrique Osuna, Ezequiel David Morato, Ivan Elías Garay y Ramiro Gabriel Colman, por lo que seguirán alojados en la Unidad Penal N° 1. El juez Cotorruelo, consideró que indicios presentados por la Fiscalía sobre riesgos procesales serán tenidos en cuenta considerados y que no existen los vicios planteados por las defensas para argumentar el recurso contra la resolución del juez de Garantías, Ricardo Bonazzola, quien el 22 de julio dispuso la prisión preventiva domiciliaria -con dispositivo de monitoreo electrónico por 45 días- por homicidio agravado de Gonzalo Calleja, que prevé una pena de prisión perpetua. En el momento del acto no se disponía de pulseras electrónicas por lo que se envió a los cuatro imputados a la cárcel de Paraná. El magistrado consideró que, por la logística de la banda y la disponibilidad de dinero, existen riesgos procesales de entorpecimiento de la causa, riesgo de fuga e intimidación de testigos. También se consideró los antecedentes de los imputados sobre su participación en hechos violentos, con uso de armas, causas en trámite y reincidencia. En sus explicaciones, el vocal, entendió que al surgir nuevos indicios y elementos probatorios, que fueron notificados ayer en la audiencia de pedido de revocatoria, por parte del fiscal, se deben tener como "importantes" en esta provisoria de la investigación. Aclaró que, por estas nuevas circunstancias acumuladas al expediente, es que existen "riesgos de fuga, si se cumpliera la prisión domiciliaria, por lo que es necesario agravar la medida dispuesta inicialmente". Más adelante, ponderó el esfuerzo de los defensores en atacar la postura de la fiscalía, pero frente a la producción de los nuevos elementos probatorios, y a modo de asegurar la investigación, es necesario mantener la prisión preventiva, pero en el penal. Recordó que restan producir otras medidas judiciales, como los informes de las cámaras de seguridad solicitados por los defensores, que en caso de no ser ejecutados, tendrán todo el derecho de reclamarlos.