Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), afirmó que el gobierno desoyó las advertencias del organismo sobre los riesgos de accidentes mortales en los trenes. Fue a su paso por Gualeguaychú, donde explicó la importancia de este ente de contralor independiente.
Marcelo Lorenzo "La tragedia de Once no fue un evento imprevisto. Nosotros dijimos cuatro años antes que podía pasar, en informes que denunciaban la falta de mantenimiento de los trenes, en especial del pésimo estado de la línea Sarmiento. No se tomó ninguna disposición y en 2012 ocurrió lo que pudo haberse evitado".Eso explicó en Gualeguaychú el titular de la AGN, el pasado jueves 14 de noviembre, al ejemplificar que ese siniestro ferroviario, que causó 51 muertos y alrededor de 700 heridos, es un lamentable botón de muestra de cómo el gobierno nacional desoye los informes técnicos emanados de ese organismo de control.Los dictámenes ponían sobreaviso respecto de los riesgos de accidentes mortales en los trenes, por falta de mantenimiento de los mismos, y esto ante el incumplimiento de inversiones de los concesionarios privados del servicio, a pesar del desembolso millonario de subsidios estatales.El Dr. Leandro Despouy, recordó que esos informes fueron "muy importantes" para la decisión que adoptó luego el juez federal Claudio Bonadío, para procesar y juzgar a empresarios y funcionarios involucrados en la tragedia, y resaltó la importancia republicana de la AGN en un contexto, donde "el resto de los organismos de control del Estado están virtualmente desactivados de facto".Invitado por entidades de la sociedad civil -Ateneo Gualeguaychú, bloque de concejales de Color Gualeguaychú, CGT, UOCRA, Colegio de Abogados local, entre otras- el funcionario explicó el funcionamiento del organismo a su cargo y pasó revista a la naturaleza de los principales dictámenes que ha producido en el último tiempo. Organismo de controlLa AGN es una agencia de control independiente, que asiste técnicamente al Congreso de la Nación. Su función es controlar los gastos del gobierno federal y la Carta Magna obliga a que lo presida un representante de la primera fuerza de la oposición (en este caso del radicalismo).Fue creada como consecuencia del Pacto de Olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem para intentar darle más transparencia a los gastos del Estado. Aunque elevada a rango constitucional por la reforma de 1994, como control externo del sector público sin embargo la agencia no cuenta con una ley que la reglamente, pese a que es uno de los mandatos constitucionales.Según explicó Despouy esto está imposibilitando que la AGN funcione en toda su plenitud. Por ejemplo que la oposición política tenga la efectiva conducción del organismo. La letra y el espíritu del artículo 85 incorporado a la Constitución de 1994 confiere predominio en la composición de la agencia a la oposición, pero el oficialismo en el Congreso, haciendo valer sus mayorías, viene impidiendo que esto se reglamente en una nueva ley, señaló el disertante.Esta situación de indefinición, comentó, hace que ni siquiera el Congreso de la Nación se obligue a tratar los informes de la AGN."Por eso nuestras recomendaciones, como la que hicimos sobre los trenes, no han sido tomadas en cuenta", señaló el expositor."La verdad es que cuando las mayorías parlamentarias coinciden con la gestión de gobierno, como ha ocurrido en los últimos años, el Congreso prácticamente no evalúa los informes de la auditoría", señaló.Ese mismo Congreso está en mora, explicó, porque todavía no ha sancionado una ley que determine las funciones y confiera facultades importantes para la AGN, como la de ser querellante, o la de tener el poder de obtener la información que pida a todos los niveles del Estado."Necesitamos que la auditoría, que de ninguna manera ha tenido una actitud destructiva, tenga el régimen jurídico que le corresponde de acuerdo a la Constitución", afirmó.Según explicó, el oficialismo no sólo ha evitado tratar los informes de la AGN sino que no ha querido conferirle más poder. "Hoy por ejemplo la oficina, cuando detecta una irregularidad, no puede acudir a la Justicia y transformarse en querellante. Esto también nos perjudica la capacidad de exigir información", relató.Despouy señaló que pese a todos los impedimentos, en estos años la AGN ha producido informes técnicos claves, que incluso el gobierno nacional hizo suyos cuando se presentaban a su favor."Recuerdo que en un comienzo el entonces presidente Néstor Kirchner tomó muchas decisiones sobre la base de los informes de la auditoría. Por ejemplo, intervino el PAMI luego de un informe nuestro", apuntó.Pese a que en general el propio Congreso, por influencia del bloque oficialista, ni siquiera trata los dictámenes de la oficina, Despouy señaló que la imagen pública de la misma ha crecido entre la ciudadanía, que conoce de su actividad a través de los medios de comunicación."La auditoría representa a millones de ciudadanos que anhelan que haya un ente confiable que controle a quienes administran los dineros públicos", resaltó tras señalar que la AGN trabaja en muchos casos en soledad.Sobre esto último expresó su preocupación por el desmantelamiento de los otros órganos de control interno del Estado. "Me refiero a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) o la Oficina Anticorrupción", denunció.Y completó: "Nosotros quedamos como el único organismo más claramente identificado y vinculado realmente al control". Por otro lado, dijo que la AGN ha producido dictámenes importantes, pese a que este orden colegiado no tiene mayoría de auditores puestos por la oposición legislativa.La oficina está compuesta, en efecto, por un presidente y un colegio de seis auditores generales. Sólo la presidencia y dos auditores fueron designados a propuesta de la oposición. Por tanto, estos dos últimos miembros están en minoría en el colegio de auditores.Esto ha llevado a que los dictámenes originaran debates y posiciones encontradas a nivel interno. Los auditores oficialistas tratan de suavizar o suprimir observaciones críticas en los informes. Sin embargo, lo destacable es que en la mayoría de los casos los informes fueron aprobados por consenso, afirmó Despouy. Manejo discrecionalEl titular de la AGN señaló que la que ejecución presupuestaria en Argentina presenta muchos puntos oscuros. "Hay un uso discrecional de los fondos públicos por la capacidad que tiene el gobierno de reasignar partidas a través de los superpoderes, de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y otras herramientas. Es decir, hay una enorme cantidad de excedentes monetarios utilizados sin que sean autorizados por el Congreso", destacó.Según dijo, "el Poder Ejecutivo en Argentina tiene una enorme capacidad para manejar fondos en forma discrecional, muchas veces respondiendo a sensibilidades políticas. Hay provincias que por tener un color político distinto que el del gobierno nacional han tenido por esto dificultades. Una de ellas ha sido, por ejemplo, la provincia de Santa Fe".Informes sobre distintos tópicosAl pasar revista al trabajo de la AGN, Despouy recordó el más reciente en el que se denuncias fallas en los controles al narcotráfico, y que no cayó nada bien en sectores del gobierno nacional.La oficina detectó varias irregularidades en los controles de Aduana, en los puertos y en los aeropuertos. "Hay un cuadro general de falta de control en el tema de las drogas", disparó el auditor, para quien el Estado no vigila las fronteras como debe.Una de las tareas de la AGN es auditar los servicios públicos y los sistemas de transporte. El titular del organismo recordó los ejercicios deficitarios de la aerolínea estatal, señalando que esa empresa le ha costado todos estos años al Tesoro alrededor de 16 mil millones de pesos.Según dijo, la AGN ha avanzado en un monitoreo ambiental constante sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo, y sus informes han sido la base técnica sobre la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha producido un fallo histórico obligando al Estado argentino a realizar un plan de saneamiento.El otro tema sensible son los fondos previsionales. Según Despouy, los estudios de la auditoría indican que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) aplica fondos en finalidades distintas a las que establece el régimen previsional.Y a esto lo hace mientras "no paga los juicios y actualizaciones a los jubilados", según ha ordenado la propia Corte Suprema de Justicia. El no cumplimiento de los reajustes reconocidos por los jueces, ha aumentado la litigiosidad del sistema.Despouy afirmó que actualmente hay unos 500 mil juicios en trámite, lo que ha llevado al virtual colapso del fuero previsional, pues es imposible resolverlos al ritmo en el que ingresan.A esto se agrega, agregó, que la Anses solamente paga un pequeño porcentaje de las sentencias firmes, con lo cual va acumulando una deuda cada vez mayor en este sentido.El presidente de la AGN llamó la atención sobre la contradictoria situación de la Anses, que mientras por un lado dice que maneja excedentes, parte de los cuales los entrega como adelanto al Tesoro (General de la Nación), por otro lado no les abona lo que corresponde a los beneficiarios del sistema, es decir a los jubilados. Qué dice la ConstituciónEn la reforma constitucional de 1994 se le asignó estatus constitucional a la AGN. De hecho los constituyentes acentuaron la importancia de este organismo dedicándole un capítulo denominado "De la Auditoría General de la Nación". La Sección Primera - Capítulo Sexto - Artículo 85 dice textualmente:"El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue.Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos".
