La Cámara de Diputados dio media sanción ayer, y por unanimidad de los cinco bloques, al despacho de comisión que alcanzó horas antes la comisión de Asuntos Constitucionales para definir la selección del titular del Tribunal de Cuentas.Para salvar la actual acefalía del organismo, se designará interinamente al abogado que tenga más antigüedad en el organismo que no podrá ser fiscal y, hacia adelante, se constituirá un Tribunal con una mecánica similar a la del Consejo de la Magistratura aunque deberá ser convocado en cada caso.Antes, sancionaron, también por unanimidad en lo general, el proyecto de ley de Ética Pública sintetizando las propuestas que, de varios bloques, tenían estado parlamentario. Por esta ley, que deberá tratar ahora el Senado, las declaraciones juradas serán semipúblicas: Una será detallada que tendrá carácter secreto y otra que es sintética que el Poder Ejecutivo va a reglamentar y que tendrá carácter público. El proyecto fue aprobado en general, pero en lo particular Cambiemos no acompañó los artículos 17,18,19 y 20 referidos a la autoridad de aplicación, la designación y duración del presidente del Tribunal, de la bicameral y de otras autoridades de aplicación.Tanto el mecanismo de selección del titular del Tribunal como Ética pública fueron despachadas horas antes de la sesión, tras ocho años de mora sobre estos temas tras la reforma de la Constitución provincial que lideró Jorge Busti.La ley de Ética Pública fue defendida por el oficialista Diego Lara y el radical Fuad Sosa como el renovador Gustavo Zavallo. Acerca del TribunalSobre el Tribunal, en cambio, hablaron la diputada Rosario Romero autora de uno de los proyectos y los radicales Sergio Knetemann y Jorge Monge, impulsores también de textos reglamentarios del organismo de control.Monge repasó sintéticamente la historia del Tribunal hasta remontarse "al bochorno del allanamiento del Tribunal en el famosos caso de las cajas que no eran tales en su totalidad y como corolario a uno de los controlantes se lo destituyó con un jury" dijo en elíptica alusión a Rubén Morel y al voto destituyente de los entonces legisladores Emilio Castrillón y Raúl Taleb mientras los representantes de los colegios profesionales de Derecho y del Poder Judicial votaron por la absolución del funcionario que luego se acogió a una jubilación anticipada.La sentencia en contra de Morel se completó con el voto de uno de los miembros del STJ de ese momento, Juan Carlos Turano, quien también votó por la destitución.Para cerrar, Monge ponderó los acuerdos alcanzados aunque advirtió que a su bloque le hubiera satisfecho que "las listas de profesionales y académicos como las de organizaciones no gubernamentales hubieran sido sorteados de una lista previamente a disposición del gobernador" como el tope en la puntuación en los concursantes que se fijó en 40 puntos "aunque hubiéramos preferido nada más que 30 puntos para los concursantes", cerró.
