Ayer, en la 4° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se aprobó el proyecto que declara de "Interés legislativo" la 12ª marcha al puente internacional "General San Martín", que se realizará el próximo 24 de abril bajo el lema "Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia". La misma es organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú en el marco de la lucha contra la presencia de la fábrica de pasta de celulosa UPM (ex BOTNIA).El proyecto presentado fue presentado por el diputado y presidente del bloque del FpV, Juan José Bahillo con el acompañamiento de la diputada Leticia Angerosa (FpV), Gustavo Zavallo (Frente Renov.) y Sergio Kneeteman (UCR).Entre los fundamentos, los legisladores sostienen: "La agenda ambiental a nivel mundial obliga a los países a asumir el compromiso de elaborar propuestas y soluciones ante una problemática cada día más compleja, buscando definir las vías hacia un futuro sostenible, una mayor seguridad y un nivel de vida digno para todos".Y argumentan, citando principios del Derecho Internacional Ambiental, la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Cumbre de Río+20) y la 21° edición de la Cumbre de Lucha contra el Cambio Climático (COP21) celebrada en París en diciembre de 2015, en la que 195 países (entre ellos Argentina y la República Oriental del Uruguay) adhirieron al histórico acuerdo contra el cambio climático."En el conflicto por la instalación de la pastera, la República Argentina se basó en la violación, por parte de la República del Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay de 1975. El Tribunal de La Haya (CIJLH) -tras su histórico fallo de abril de 2010- declaró ilegal la presencia de dicha planta", indica el texto y continúa: "Este 12° Abrazo al Río Uruguay renueva el compromiso de las comunidades ribereñas que se oponen a la destrucción del ambiente y reivindica el lema "SÍ a la vida. NO a las papeleras"Y continúa: "Somos testigos que la lucha del pueblo de Gualeguaychú contra intereses extranjeros -que han elegido ésta zona para trasladar sus industrias contaminantes- no ha sido en vano. Hace 12 años, la perseverancia y el compromiso por la preservación de un ambiente sano, nos reúne para reflexionar y no claudicar en nuestro reclamo ante la presencia de una industria contaminante, sin licencia social".Por consiguiente, "los gobiernos tenemos no sólo el deber sino también la facultad de salvaguardar el patrimonio natural de la región, asegurar el bienestar de la población y garantizar que las actividades socio-económicas desarrolladas no modifiquen -y mucho menos afecten- el equilibrio medio ambiental y la prosperidad de las generaciones presentes y futuras", concluye el proyecto.
