Diputados intentan destituir a un intendente condenado por trata

Se trata de Luis Rogers, jefe comunal de Lonquimay, condenado el miércoles a 5 años de prisión en la causa en la que se investigó el funcionamiento del cabaret Good Night.La diputada pampeana Josefina Díaz, jefa del bloque Cambiemos, pidió la intervención de la Municipalidad de Lonquimay y la destitución de su intendente Luis Rogers, quien fue condenado por la justicia federal por el delito de trata de personas a cinco años de prisión, en el marco de la causa por el funcionamiento del cabaret Good Night en aquel pueblo.La legisladora se encuentra en Capital Federal realizando una serie de consultas con abogados y adelantó que presentará entre lunes y martes de la próxima semana en la Cámara de Diputados "un pedido de intervención por ley al municipio de Lonquimay, porque lo que sucedió es realmente grave", según explicó.Además, criticó al gobernador Carlos Verna porque no tomó la decisión de avanzar en la destitución de Rogers y afirmó que se trata de una cuestión que "nos debe interesar a todos los bloques de diputados de la provincia, ya que no es algo menor lo que ocurrió, se violaron todos los derechos de la mujer".El último antecedente en La Pampa fue la destitución en el año 2008, cuando el entonces intendente Juan Carlos Tierno -actual ministro de Seguridad de la provincia- fue desplazado tras 87 días de gestión con el aval del gobernador Oscar Jorge, en el marco de un conflicto social importante con manifestaciones y protestas permanentes.Lo cierto es que es difícil que avance el proyecto de ley del macrismo, considerando que el justicialismo tiene mayoría en Diputados junto a sus aliados, a pesar de que Cambiemos forma parte de la oposición que también integra el Frepam, el frente de radicales y socialistas, que todavía no se expidió sobre la situación de Rogers.El pasado miércoles, el Tribunal Oral Federal de La Pampa (TOF) condenó a cinco años de prisión e inhabilitación por el mismo lapso al intendente Rogers, por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.