Diputados, no tropiecen con la misma piedra

Todavía esta fresca la tinta utilizada para derogar la ley que hubiera habilitado la entrega a particulares de las tierras fiscales de Entre Ríos y pese a esto el Ejecutivo provincial insiste con esta iniciativa que originó hace pocos meses el repudio masivo de los entrerrianos.Nuestros legisladores votaron en diciembre/12 la Ley 10.092, la mayoría ignorando sus alcances aunque esta sea su responsabilidad elemental, otros menos lo hicieron porque sabían de qué se trataba y estaban asociados a la idea.Los rápidos reflejos de la sociedad, que en su momento logró la derogación, no significaron que la intención de apropiarse, para saquear  y destruir el mayor patrimonio público de fertilidad y naturaleza de Argentina hubiera desaparecido.Al otro día de la derogación, en una reunión de urgencia convocada por algunos de los mentores de este proyecto, el Ministro de la Producción Roberto Schunk y el Fiscal de Estado Julio Rodrigues Signes,  de la que participaron algunos pretendidos ambientalistas, montaron una mise en scène para anunciar que insistirían con la intención de apropiarse de centenares de miles de hectáreas, intención que había sido rechazada unánimemente por la ciudadanía provincial.Esta Ley (10.092) les hubiese permitido adueñarse de mas de un millón de hectáreas de tierras fiscales y 50 millones de dólares de créditos blandos, avalados por la Coparticipación Federal, a sospechables beneficiarios que de este modo hubieran pasado a ser de la noche a la mañana los mayores propietarios (por 99 años) de tierras fértiles de Sudamérica y probablemente del mundo.Pues bien, la estrategia diseñada para el reflotamiento de la iniciativa ha comenzado a revelarse.En Entre Ríos la Ley 26.331, de protección al Bosque Nativo (Ley Bonasso), aprobada hace ya largos dos años, no había sido reglamentada hasta hoy, en sintonía con la política oficial de hacer la vista gorda a la destrucción de los bosques nativos de la provincia, ofrecidos al holocausto sojero, y que en los últimos años significó la destrucción de un millón quinientas mil hectáreas de estos montes naturales.Pero ahora un proyecto del ejecutivo para reglamentarla será tratado a partir del próximo  miércoles en diputados, según informó a la prensa la diputada Estela Almirón (PJ).La Ley determina que la provincia debe dividirse en tres zonas a saber. Zona Roja- es en la que no se pueden autorizar desmontes, Zona amarilla- donde solo se pueden efectuar cambios previa autorización expresa de las autoridades de control, Zona verde- donde se puede desmontar y efectuar cualquier alteración de las condiciones naturales sin ninguna autorización.Los humedales del sur de la provincia hasta ahora se pueden considerar Zona roja, por las leyes que los protegen de la alteración antrópica.Pero el proyecto que irá a presentar Schunk a diputados pretende declarar a los humedales de los departamentos de Diamante, Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy como Zona Verde, o sea dejarlos sin protección legal, a merced los desmontes y de cualquier  alteración que se le pueda ocurrir a cualquiera, condición esta necesaria para reintentar la creación  de Arroz del Delta Entrerriano SA.La sola lectura de la zonificación propuesta, pergeñada para facilitar el nuevo intento de enajenación del mayor patrimonio público de nuestra provincia, delata su flagrante ilegalidad, porque los humedales que pretende dejar librados a los designios de la agricultura industrial, hasta ahora están protegidos por leyes que los resguardan de la destrucción propiciada por la ambición sin límites de los que destruyen la naturaleza para apropiarse de sus tesoros.El mismo proyecto que tratará diputados propone que:... "la autoridad de aplicación de la ley de ordenamiento provincial será el Ministerio de la Producción", a cargo de Shunck, uno de los ideólogos de la repudiada ley 10.092, que finalmente fuera derogada.Y delatando una vez más la intención de manipulación de la opinión ciudadana propone que la comisión de seguimiento estará integrada por ONGs. Ambientalitas, quedando obviamente en claro su intención de convocar a organizaciones "amigas" autodenominadas ambientalistas, que en realidad operan como facilitadoras y blanqueadoras de estas intenciones.El proyecto de reglamentación de la Ley 26.331 que irá a defender Schunk a diputados es grotesco, ilegal y arteramente contraviene los principios de ética republicana y el interés público.Ahora es la oportunidad de nuestros diputados de mostrar sus verdaderas intenciones, ya no estamos en el momento de euforia post-electoral que justificó que algunos se dejaran entrampar por aquella iniciativa que hubiera significado la mayor exacción al patrimonio público jamás imaginada en Entre Ríos.Ahora no pueden decir que no sabían, tampoco pueden decir que votarán el proyecto por alineamiento partidario, porque el pueblo los ha elegido para defender los intereses públicos, no para destruirlos y/ó entregarlos a particulares por orden de la corporación política a la que pertenecen.Tienen una gran responsabilidad frente a sus electores, ahora conocemos cuales son los intereses en juego y los diputados deben saber que la sociedad siempre condena a los que traicionan sus mandatos.Señores legisladores, no vuelvan a tropezar con la misma piedra, la historia y los entrerrianos los estamos mirando. www.fundavida.org.ar