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Concejo Deliberante | Gualeguaychú

Diversidad: La conquista real de derechos vs la reacción y el desprecio hacia lo desconocido

La diversidad no se declama, se practica y se fomenta con recursos materiales y simbólicos. La discusión de la última sesión del Concejo Deliberante dejó bien clara la diferencia entre quienes así lo entendemos y quienes hacen de lo diverso un discurso vacío, sin personas reales, lleno de prejuicios y desconocimiento. ¿Por qué a algunos (y a algunas) les molesta tanto lo diferente?

Por Pablo Fernández*

El último miércoles aprobamos por mayoría la ampliación presupuestaria municipal para la construcción, con fondos que fueron gestionados ante el Gobierno Nacional, de la Casa de la Diversidad de Gualeguaychú, la primera del país.

En ese marco, se suscitó un intercambio de opiniones que me parece muy provechoso para entender de qué hablamos cuando hablamos de políticas inclusivas. ¿Por qué hay quienes celebramos la creación de este espacio y quienes se oponen porque entienden que “no es imprescindible para garantizar derechos”, como sostuvo una legisladora que votó en contra?

Empecemos por el principio: ¿Qué entendemos por “minorías vulnerables”, en términos de políticas públicas? Creo que una palabra más acertada sería “sector”, ya que hablar de minorías sugiere un universo acotado y la realidad es que, en todos los casos, nos estamos refiriendo a la vida de millones de personas. Además, la mayor vulnerabilidad es la generada por la pobreza, producto de políticas antipopulares, por lo que hablar de “minorías” no sería lo correcto.

Más allá de esta aclaración, se consideran grupos vulnerables a la niñez, a la ancianidad, a la discapacidad y al colectivo LGTBQ+, entre tantos sectores de alta vulnerabilidad en sus derechos.

Reconocer a cada grupo en particular y entender sus especificidades es una tarea ineludible si lo que se pretende es abordar el tema para construir soluciones. Para ello es necesario dejar de lado las definiciones teóricas y conocer las realidades de primera mano. Llegado este punto es necesario volver a la última sesión del Concejo Deliberante, en la que, entre los argumentos esgrimidos para justificar su voto negativo a la ampliación presupuestaria para la construcción de la Casa de la Diversidad, la concejala Alejandra Leissa, de Juntos por el Cambio, expuso un discurso que deja absolutamente claro su pensamiento respecto al tema.

“Garantizar derechos, como argumentó nuestro Intendente en la firma de gobierno (convenio), garantizando condiciones de igualdad de oportunidades y desarrollo, tiene que ser para todas las personas, de cualquier comunidad, tribu, con cualquier discapacidad física, mental, etc., y no solamente para una sola”, expresó la concejala opositora, sugiriendo que este tipo de políticas sólo son promovidas para atender las demandas del colectivo LGTBQ+. ¿Puede Leissa ignorar lo hecho por este gobierno hasta el momento? ¿Su posición política le basta para desconocer los avances que la comunidad de Gualeguaychú ha logrado en cuanto a igualdad de oportunidades y desarrollo?

Parece que sí. Por eso, lo primero que quiero aclararle es que ninguna política inclusiva excluye a otras, esa es una falacia que debemos erradicar si no queremos confundir. Se trata de ir alcanzando pequeños, medianos y grandes objetivos, imposibles de abrazar si no son producto de un compromiso permanente, de una convicción política. Por eso este gobierno puso en agenda y avanzó, con hechos no con discursos, en la revalorización de espacios públicos de calidad para poblaciones vulnerables, como son la Casa de la Mujer, los centros para la niñez, los mercados comunitarios; la construcción de espacios barriales desde la fuerte participación ciudadana o el recientemente inaugurado espacio para el acompañamiento de personas afectadas por el consumo problemático de sustancias.

Todas esas son políticas específicas que incluyen y que no le sacan derechos a nadie. También incluyen las políticas de acceso a los barrios y, más específicamente, herramientas como el Proyecto de Accesibilidad Integral, presentado por un grupo de estudiantes comprometidos con la ciudad, que venimos trabajando en el Concejo Deliberante hace algunos meses para construir y aprobar la mejor ordenanza posible.

No se trata de darle derechos a un sector para quitarle a otros, como sugiere Leissa, quien, además, evidencia un brutal desconocimiento cuando se pregunta: “¿es necesario destinar 63 millones a una construcción que no es imprescindible para garantizar derechos?”. Ahora bien, no es imprescindible, ¿para quién? ¿tiene algún tipo de idea qué significa para la población LGTBQ+ poder contar con este dispositivo y con un Estado que la incluye cuando otrora la reprimía? ¿De verdad cree que este tipo de medidas no garantizan derechos?

La referente opositora insiste en la idea de que las conquistas del sector LGTBQ+ se generan en desmedro de otros sectores, como el de quienes tienen algún tipo de discapacidad motriz. “Integrar lo diverso no debe reducirse a un solo grupo”, plantea para justificar su voto negativo. Otra vez: ninguna política inclusiva excluye a otras.

La diversidad no se declama, se practica y se fomenta con recursos materiales y simbólicos. Eso está haciendo, desde el primer día de gestión, este proyecto político. Por eso, también, debemos respetar todas las posiciones políticas, las que nos gustan y las que no. Pero eso no implica pasar por alto este tipo de discursos cargados de prejuicios y rayanos a lo discriminatorio.

La conquista real de derechos es un norte para quienes somos parte de este proyecto, pero sin el compromiso de la comunidad eso quedaría en una mera intención. Por respeto a esa comunidad, entiendo necesario advertir ciertas expresiones y actos que no hacen más que evidenciar la reacción de quienes desprecian lo que no conocen.

*Concejal PJ-Creer

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