La Comisión Directiva Central de Agmer se reunió ayer para evaluar la medida cautelar emitida por la Justicia. Allí se indicaba que debían suspender las medidas de fuerza y retomar las clases con normalidad. Los docentes acatarán la medida. En horas de la mañana de ayer, se reunió la Comisión Directiva Central del Sindicato con los asesores legales a los efectos de evaluar la situación generada ante la cédula judicial firmada por la jueza Cecilia Bértora.En la medida cautelar se notifica que la Defensoría de Pobres y Menores de la Provincia de Entre Ríos inició una demanda contra los tres gremios docentes que convocan a paro para los días lunes 27 y martes 28 y ordena la no ejecución de la huelga y movilización previstas hasta tanto se defina la cuestión de fondo.Se resolvió: Suspender las medidas de fuerza previstas, con el objeto de preservar a sus afiliados y a la entidad sindical de cualquier riesgo de sanción ante la eventual declaración de la ilegalidad de las huelgas previstas, acorde a lo establecido en el Estatuto de la entidad (art. 17) y de las obligaciones fijadas por el mismo a la Comisión Directiva Central, aprobado por mayoría.Rechazar en todos los términos la demanda planteada por la Defensoría de Pobres y Menores, facultando a los asesores legales de la entidad para accionar contra la misma, aprobado por unanimidad.Denunciar la práctica patronal de cercenar el derecho de huelga utilizando estrategias dilatorias y sectores de la justicia cómplices, repudiando la actitud del gobierno y de la justicia adicta que tratan de evitar el reclamo legítimo de los trabajadores, aprobado por unanimidad.Convocar a Plenario de Secretarios Generales para el próximo miércoles 29 de julio con el objeto de informar las acciones judiciales realizadas. Denuncia de "integración por un Agmer de todos"El siguiente comunicado fue enviado a ElDía: "Desde "Integración por un Agmer de todos" repudiamos la actitud del Gobierno de Entre Ríos de acudir a la justicia a los efectos de evitar el paro docente de 48 horas. Hacemos extensivo el repudio a la Jueza Bértora quien dio lugar a la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo Provincial.Una vez más Urribarri busca dar una solución judicial a cuestiones que su incapacidad no le permite solucionar políticamente. Una vez más acude a la justicia buscando ocultar el conflicto existente. Una vez más se contradice entre lo que proclama en los medios de comunicación y lo que hace en la práctica.Analizando la situación salarial docente encontramos varias contradicciones del Gobernador. La primera, la más evidente, es que mientras en los medios nacionales o en los spots de campaña habla de una provincia con muy buenos indicadores económicos, tiene el tupé de decir que son los mejores indicadores de la región, cuando llega la hora de discutir salarios plantean sus funcionarios que no hay plata para los trabajadores ya que la situación financiera es crítica.Otra contradicción, de neto corte ideológico, es que mientras en sus discursos cuestiona el neoliberalismo que identifica con la década del ´90, durante su gobierno se descontaron los paros a los docentes siendo el gobierno de Urribarri el único gobierno provincial que descontó y no devolvió los haberes a los trabajadores adheridos a huelgas legitimas decididas democráticamente por el sindicato que los representa. Esta actitud de descontar es de neto corte neoliberal y anti sindical.Como a Urribarri no le alcanzan los descuentos para ocultar el conflicto docente, acude a la justicia y encuentra jueces oficialistas y obsecuentes que no osan contradecirlo. Si, el mismo que a nivel nacional se queja del llamado "partido judicial" en Entre Ríos acude a ese "partido judicial" para tratar de disimular la existencia de un conflicto en la educación pública.La jueza Bértora ordena suspender el paro pero ese mismo juez no se preocupa por las condiciones de seguridad e higiene en las escuelas. Ese mismo juez no se preocupa porque el gobierno provincial no garantiza las partidas de limpieza en tiempo y forma ni en cantidad suficiente. Tampoco le preocupa a la señora juez que el Estado Provincial no se haga cargo del pago del servicio de emergencias médicas ni que destine mayores fondos por alumno que asiste al comedor escolar. Debería mirar la jueza Bértora la situación en las escuelas y ordenarles a los representantes del Estado Provincial darle solución en plazo perentorio. Lógicamente para la jueza resulta más fácil dictar órdenes a los trabajadores que a los patrones.Desde Agmer actuamos en la legalidad, aunque la legalidad de este juez esté teñida de partidismo y diste de ser autónoma, no vamos a llevar a nuestros compañeros docentes al camino de la desobediencia judicial pero tampoco vamos a dejar que nuestros derechos sean pisoteados y vulnerados. En lo judicial apelaremos ante los tribunales superiores y en lo sindical mantendremos el nivel de movilización.Respaldamos la decisión tomada por la mayoría de la CDC de poner en suspenso la medida, sin posturas demagógicas, con el objeto de preservar a sus afiliados y a la entidad, respetando además lo que claramente obliga el art. 17 del Estatuto de Agmer".Firmado por Fabián Peccín, Alejandro Bernasconi, Manuel Gómez, Ana Delaloye, María T. Guerra, Tomasa Gómez, Adriana Vilchez, Estela Hasucarriaga .
