Dos allanamientos, toda la documentación en regla y un daño que ya está hecho

Durante las últimas semanas hemos sido objeto de dos allanamientos que han tenido una enorme repercusión pública y mediática. Sin embargo, gran parte de la información difundida no refleja la realidad completa de los hechos ni la documentación que obra en nuestro poder.

En el primer allanamiento se investigó un supuesto tráfico interjurisdiccional vinculado a un ciervo. Sin embargo, el animal en cuestión contaba con toda la documentación requerida por las autoridades competentes: guías de SENASA, guías de tránsito, autorización expresa de la provincia para su ingreso a un coto de caza legalmente habilitado y las correspondientes licencias de caza del cazador involucrado.

A pesar de haberse exhibido toda esta documentación, fueron secuestradas dos cabezas de ciervo, correspondientes además a especies exóticas e invasoras.

Durante ese mismo procedimiento también fueron verificadas las armas utilizadas en nuestra actividad. Todas contaban con sus credenciales y registros correspondientes. Dichas armas se encuentran registradas a nombre de la empresa, condición exigida por la normativa vigente del RENAR para poder destinarlas al alquiler dentro de la actividad cinegética. Asimismo, la empresa posee los seguros y habilitaciones requeridos para operar legalmente.

Posteriormente se realizó un segundo allanamiento en mi domicilio particular.

En dicho procedimiento fue retirada prácticamente la totalidad de una sala de trofeos compuesta por ejemplares provenientes de África y otros continentes, muchos de ellos con más de cuarenta años de antigüedad. Una parte importante de esta colección fue donada en 2019 por Hugo Vitullo, reconocido cazador cuya colección fue documentada en la publicación “The Great Hunters” de 1998. Los trofeos ingresaron al pais y a la provincia con la documentación correspondiente y los restantes ejemplares cuentan con precintos, registros y guías que acreditan su origen legal.

También fueron secuestrados cuchillos con mangos de asta de colección alemanes y españoles

Asimismo, fueron retiradas armas que ya habían sido verificadas en el primer allanamiento y que contaban con toda la documentación correspondiente, encontrándose almacenadas dentro de un polvorín habilitado y fiscalizado, con autorizaciones vigentes hasta el año 2027.

El peso de una sospecha que no es nuestra

También consideramos necesario aclarar que en distintas publicaciones periodísticas se ha vinculado nuestra empresa con el lamentable accidente ocurrido años atrás en Punta Caballos, donde un cazador mexicano perdió la vida tras un ataque de búfalo. Se trata de un hecho trágico que ocurrió bajo una gestión anterior. Nuestra empresa comenzó a operar en dicho establecimiento en el año 2024, con posterioridad a ese acontecimiento, por lo que no tuvimos participación ni responsabilidad alguna en los hechos difundidos.

Del mismo modo, corresponde informar que nuestra actividad continúa habilitada. No existe ninguna clausura, suspensión ni prohibición que impida nuestro funcionamiento. Continuamos desarrollando nuestras actividades como operadores cinegéticos habilitados en la provincia de Entre Ríos, cumpliendo con las autorizaciones, controles y requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Más allá de cuál sea el resultado final de las actuaciones judiciales, el daño a mi nombre, a mi familia y a mi empresa ya ha sido enorme.

Llevo más de treinta años desarrollando esta actividad de manera pública, profesional y dentro del marco legal. Durante estas décadas hemos recibido cazadores de distintas partes del mundo, generando trabajo genuino para cientos de personas.

Detrás de cada temporada de caza hay guías, choferes, cocineros, personal de mantenimiento, proveedores de alimentos, estaciones de servicio, hoteles, lavanderías, veterinarios, armerías, talleres mecánicos, transportistas, taxistas, comercios locales y numerosas familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

La caza legal en Argentina no es una actividad clandestina. Es una actividad regulada por leyes nacionales y provinciales, fiscalizada por organismos públicos, sometida a controles permanentes y sostenida mediante permisos, habilitaciones, licencias, guías de tránsito, registros sanitarios y múltiples requisitos administrativos.

La pregunta que queda es simple:

¿De qué sirven las habilitaciones, los permisos y toda la documentación exigida por el Estado si, aun teniéndolos en regla, una persona o una actividad pueden ser condenadas públicamente antes de que la Justicia determine los hechos?

Porque lo verdaderamente preocupante no es una investigación —a la que siempre estaremos dispuestos a someternos—, sino que la condena social llegue antes que la verdad.

Hoy nos toca a nosotros enfrentar esta situación. Mañana puede ser cualquier productor agropecuario, comerciante, emprendedor o ciudadano que desarrolle una actividad legal pero resulte impopular para determinados sectores.

La seguridad jurídica, el debido proceso y la presunción de inocencia son principios fundamentales de una sociedad democrática. Nadie debería ser condenado en la opinión pública antes de que la Justicia se expida.

Seguiremos colaborando con las autoridades competentes, aportando toda la documentación necesaria y ejerciendo nuestro derecho de defensa.

Tenemos la tranquilidad de haber trabajado siempre dentro de la ley y continuaremos defendiendo nuestro nombre, a las familias que dependen de esta actividad y el derecho de todos los argentinos a desarrollar actividades lícitas sin ser sometidos a condenas anticipadas.

Hector Óscar De Bernardis
De Bernardis Hunting