El 40% de las personas que se atiende en el Hospital Centenario tiene obra social

Debatir el rol de la salud pública es un tema profundo y complejo, al igual que la situación que atraviesa. Los hospitales cada vez más deben cubrir la demanda de miles de personas con cobertura médica privada, en parte, por convenios caídos con las obras sociales o prepagas, que de igual manera deberían garantizarles el derecho a sus usuarios, y por la imposibilidad de seguir pagando el servicio. A esto se le suma, los recortes presupuestarios de Nación, que se traducen muchas veces en la falta de campañas de prevención, que permiten como su nombre lo indica “prevenir” en vez de curar, y por lo tanto, tener una población más sana.

A nivel local, el Hospital Centenario atiende entre 35% y 40% de pacientes con obra social, según informaron a Ahora ElDía desde la institución. En promedio, se realizan 17 mil consultas con turno en consultorios mensualmente. En marzo esta cifra se disparó: atendieron 21.767. La Dirección está analizando los motivos por los cuales se dio este salto, ya que los meses anteriores y los posteriores, el nivel de la demanda se mantuvo dentro de los parámetros habituales, pero adelantaron que las situaciones suelen ser multicausales: “Hay pacientes con pérdidas de coberturas, caídas de convenio, que no pueden seguir pagando una obra social o prepaga, complejidades que solo se pueden abordar en el sistema público, e incluso, hay hábitos de atención arraigados, personas que nunca le dieron de alta a su obra social, y que están pagando sin recibir servicio, por falta de conocimiento. Muchas veces, nos encontramos con este gris”, bosquejó la directora del nosocomio Andrea Martins.

Esto mismo, se verifica en el primer nivel de atención que ofrecen los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Al respecto, el subsecretario de Salud Municipal Pablo Alfaro detalló que “sostenemos un proceso de inversión elevado para lograr cubrir una demanda altísima”.

En cuanto a números, entre 2023 y 2025 aumentaron un 35% las consultas en los CAPS por parte de personas que tienen obra social, mientras que, entre 2025 y 2026, acumula un incremento cercano al 10%. Para este año, estiman que esa cifra rondará entre un 3 y 5%. Esto último no se debe a que haya bajado la demanda, sino que alcanzó el límite.

Hasta el momento, el Municipio no puede cobrarles a las obras sociales por los servicios prestados que, de hecho, es uno de los objetivos que tiene la Subsecretaria de Salud: “Seguimos trabajando en eso, lo que sucede es que detrás de las obras sociales hay empresarios y no quieren hacerse corresponsables, buscan muchas variables para intentar no abonar esas prestaciones, con cuestiones de índole administrativa. Hacen que el sistema sea muy engorroso. Hubo una aproximación con OSER, y en eso estamos trabajando muy duro, para que nos abonen las consultas y las prácticas”, manifestó Alfaro.

El Subsecretario relató la realidad que atraviesa el sistema público frente a un Estado Nacional que cada vez se desentiende más de su rol dentro de la salud y delega a municipios y provincias a cubrir esos baches: “Hay una intención de que los municipios se hagan cargo de la prevención primaria: evitar la obesidad infantil, la sífilis, los accidentes cardiovasculares, y que las provincias garanticen programas como el Remediar, el de pacientes diabéticos, el de la salud reproductiva, entre otros. Esto implica en sí un trasfondo sobre quiénes se tienen que hacer responsables de los subsistemas de salud. En cuanto a la prevención, no contamos con el brazo armado de Nación. Cualquier campaña instaurada en todo el país tiene recursos y un impacto mucho más grande que lo que pueda tener una municipal. Nosotros hacemos con gran esfuerzo diferentes tipos de campañas para la prevención, pero son todas costeadas con recursos propios”.

Alfaro señaló que, incluso, desde la prevención en salud sexual, la canasta de anticonceptivos de Nación ofrece entre 14 y 18 métodos, pero como no llegan, desde el Municipio con sus recursos solo pueden ofrecer preservativos.

Pablo Corfield es el presidente del Colegio de Medico de Gualeguaychú y trabaja en el Hospital Centenario hace dos décadas. Como responsable de la institución, contó que en la actualidad “mantienen convenios con casi todos los financiadores, salvo una o dos obras sociales que están morosas o no tienen acuerdos”.

Sobre el mecanismo de prestación de servicio, explicó que el Colegio establece los acuerdos con las obras sociales y las prepagas: “Esos convenios se van actualizando para que los valores no queden detrás de los aumentos inflacionarios, y el médico pueda recuperar lo que pierde con la inflación”.

Corfield reconoció que muchas personas que tienen cobertura médica privada terminan en el sistema público porque la prestadora que tienen está cortada o trabaja con reintegros: “A pesar del trabajo del Colegio por mantener las obras sociales activas, los financiadores continuamente buscan opciones diferentes a las instituciones que correctamente deben prestar salud. Las obras sociales o prepagas deberían tener convenios activos siempre para garantizarle el servicio a sus afiliados. La realidad es que es una obligación porque si pagás un servicio te lo tienen que dar. No es la realidad que se ve hoy y cuando los dirigen al Hospital, se ahorran mucho dinero, más allá de que no cumplen con el convenio. Los sanatorios viven de las obras sociales y las prepagas, entonces, cuando el financiador no cumple, está sobrecargando el sistema público y disminuyendo los aportes al sistema privado, por eso aparecen los problemas”.

Según Corfield, aunque el Hospital puede cobrarles a las obras sociales por las consultas o las prácticas que se realizan sus afiliados, los valores son menores que los que se pagan en un sanatorio, ya que el médico del sistema público cobra un sueldo fijo por mes, y no por consulta, como ocurre en otros centros médicos. De esta manera, el valor de la prestación que deben pagar es menor, aunque a sus afiliados se les aumente la cuota todos los meses. Asimismo, señaló que esta situación muchas veces se da porque los beneficiarios no le reclaman a sus financiadores que garanticen la prestación. Incluso, esto suele ocurrir porque tienen miedo a que los dejen sin cobertura o por falta de tiempo de parte de los afiliados.

“Todo esto lleva a que el efector público deba cubrir las falencias de los financiadores. Lo privado no debería sobrecargar lo pública, que debería ser prioritario para aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura. El sistema privado no debe desfinanciarse y terminar en el efector público sólo para beneficio de los financiadores”, concluyó Corfield.