Juan José Bahillo | Martín Piaggio

El acuerdo entre la Municipalidad y el propietario deja sin efecto el desalojo y ahuyenta el fantasma de la expropiación

De esta manera el propio Estado desactiva la posibilidad de avanzar sobre la propiedad privada. Luego de más de diez años –en los que se hizo poco para que el terreno no sea usurpado– el intendente Piaggio firmó el acuerdo con la familia Bossi y anunció la urbanización de la zona. Los propietarios se quedarán con seis lotes, se les construirán dos viviendas y se les saldará una deuda de más de 700 mil pesos que mantienen con el Banco de Entre Ríos.

La bomba fue desactivada. Ya no se discutirá más la viabilidad o no de que la legislatura de la provincia de Entre Ríos apruebe la expropiación del terreno de poco más de una hectárea ubicado en el barrio Quijano –posibilidad que, a priori, parecía políticamente imposible–. El acuerdo entre la Municipalidad de Gualeguaychú y la familia Bossi, representada por Fernando, el hijo del propietario, Guillermo Zenón Bossi, le puso punto final a un conflicto tan complejo como prolongado en el tiempo.

Públicamente esta situación salió a la luz hace apenas tres semanas, cuando un grupo de vecinos copó la Municipalidad para pedir respuestas a la situación: horas antes habían recibido el aviso de la Policía y los operadores judiciales de que serían desalojados, medida en la que se venía consensuando en las sucesivas audiencias con el juez Francisco Unamunzaga, de las que formaron parte representantes del Ejecutivo local, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y los dueños del terreno.

Esta situación precipitó el accionar de todos los mecanismos de Gobierno que en más de una década habían estado, cuanto menos, ausentes, y en 20 días el asunto quedó resuelto. Con un tratamiento expres, y sin el acompañamiento de la oposición, el oficialismo aprobó la declaración de “Interés Público” a los “fines expropiatorios” de una fracción del terreno con una superficie aproximada de 12.711,88 metros cuadrados ubicado en el barrio Quijano.

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El Artículo 2º de la Ordenanza 12.345, del 27 de agosto pasado, expresa la necesidad de “remitir copia urgente” de la norma aprobada al gobierno de Entre Ríos, “a fin de que a través del Ministerio de Gobierno y Justicia gire a la Legislatura de la Provincia el proyecto de Ley que declare de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble”.

Pero esta ordenanza “no deja sin efecto el desalojo”, aclaró uno de los propietarios. Entonces, ante la inviabilidad de la expropiación –que sentaría un peligroso precedente para el futuro de los cientos de terrenos ocupados ilegalmente en el territorio provincial–, se impuso la negociación entre el Ejecutivo local y los legítimos dueños del terreno.

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La negociación tuvo lugar y, tras un par de reuniones y ya con la presencia del intendente Martín Pîaggio en la ciudad –estaba en Suecia cuando el conflicto tomó estado público–, el acuerdo finalmente llegó. La familia Bossi cederá sus tierras al Municipio para que la zona se urbanice, se abran calles y lleguen los servicios (el terreno en cuestión quedará dividido en cuatro manzanas). A cambio, los propietarios se quedarán con seis lotes sobre la calle Laxague, y el compromiso del Ejecutivo de construirles dos viviendas: una en la zona del Accesos Sur, en tierras municipales ubicadas a pocos metros de la rotonda de la Terminal de Ómnibus, y otras en cercanías al terreno usurpado, en tierras cedidas por los propietarios. Todo esto debe hacerse efectivo antes de los próximos doce meses. Asimismo, dentro de los diez días próximos, el Municipio se hará cargo de una deuda de más de 700 mil pesos que una de las integrantes de la familia dueña mantiene con el Banco de Entre Ríos.

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Estas dos familias tienen sus vivienda en una parte del terreno que pertenece a la Municipalidad
Estas dos familias tienen sus vivienda en una parte del terreno que pertenece a la Municipalidad

Cómo se llegó a la situación actual

Fueron más de diez años en los que pasaron varios jueces por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 de Gualeguaychú, y casi tres gestiones municipales completas: las dos del intendente Juan José Bahillo y la primera de Martín Piaggio.

Según el expediente, al que accedió ElDía, la primera sentencia de desalojo fue notificada en septiembre de 2008, pero recién cinco años después, el 20 de agosto de 2013, el apoderado del propietario se presentó en el juzgado, interesado en el desalojo. Es decir, durante todo ese tiempo no existió interés aparente, de la parte demandante, en que la causa avance.

“El señor Bossi dejó claro que el trámite de desalojo se postergó a pedido de un funcionario municipal, la señora Luisa Britos (concejal, por entonces), que él mismo aceptó por razones humanitarias”, se desprende del expediente. Lo que evidencia que durante esos cinco años no existió intención en avanzar con el desalojo.

En ese tiempo no ocurrió otra cosa que la creciente ocupación del terreno y la conformación del “proceso histórico de consolidación urbana con características particulares y excepcionales”, tal como describe el texto de la Ordenanza 12.345 impulsada y aprobada por el oficialismo.

Pero este proceso no podría haber sido posible sin un Estado dispuesto a permitir este tipo de ocupación y, en algunos casos, a acompañarla. Así como se pudo llegar a un acuerdo gracias a la voluntad política de que así sea, también existe un alto grado de responsabilidad política, ya sea por acción u omisión, en este complejo proceso de urbanización.

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Para que viva su madre, uno de los vecinos del barrio construyó esta casilla
Para que viva su madre, uno de los vecinos del barrio construyó esta casilla

Según lo expresado por varios vecinos, en el marco de un relevamiento llevado a cabo en marzo de este año por el Juzgado a cargo de Francisco Unamunzaga, testimonios que coinciden con lo expresado por las mismas personas a ElDía, funcionarios de la Dirección de Viviendas, de la anterior gestión municipal, colaboraron con materiales de construcción en el terreno ocupado. Y, aunque se trata de una parte que es propiedad de la Municipalidad, no deja de ser una situación irregular.

Más allá de las contradicciones que plantea la situación, en la que muchas veces el derecho de propiedad entra en conflicto con el derecho a la vivienda o con las necesidades de un techo para familias sumergidas en la pobreza, el acuerdo con la familia Bossi abre un nuevo interrogante: ¿Qué pasará con las familias que viven sobre la calle Julio Irazusta, en el terreno que pertenece al Municipio?

El testimonio de los vecinos que viven en el terreno que es municipal:

Barrio Quijano

“No convalidamos ninguna usurpación”

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Luego de firmado el acuerdo con la familia Bossi, el intendente Martín Piaggio expresó definiciones contundentes sobre la tierra en la ciudad y la ocupación de terrenos.

“Ninguna parte del mundo está exenta de este problema complejo, porque existe una concentración de la tierra muy grande y un mercado que tornó muy dificultoso el acceso. Con eso tenemos que lidiar. Es importante recordar que no convalidamos ninguna usurpación o delito contra la propiedad privada, por eso siempre hemos tratado de persuadir y acordar”, indicó el Intendente.

“Pero con un hecho consumado como este y que nadie ha podido resolver en casi veinte años, logramos una mesa de diálogo y llegamos con un acuerdo en la cual podremos urbanizar ese sector, lograr que la familia Bossi tenga un acuerdo provechoso en la actualidad y que la gente que vive allá pueda pagar ese terreno bajo la lógica del Banco de Tierra”, adelantó. Entonces, las “más de 20 familias” que ocupan el ex terreno de la familia Bossi tendrán la posibilidad de regularizar su situación, accediendo a un plan de pago de esas tierras.

Por último, Piaggio se refirió a la necesidad de “vivir en una ciudad más justa”, objetivo difícil de alcanzar “si nuestras familias no pueden soñar con algo real como es tener su tierra y de ahí soñar a tener el techo propio”.

“Actualmente la tierra constituye un bien de especulación por excelencia, donde la concentración de grandes dimensiones por parte de unos pocos genera inequidades en el mercado inmobiliario, determinado por valores exorbitantes que tornan extremadamente complejo el acceso a la misma por parte de los ciudadanos que pretenden hacerlo, y que las negociaciones inmobiliarias están determinadas por relaciones entre particulares donde la propiedad privada, otro derecho constitucional, determina las condiciones y valores de la tierra en el mercado”, cuestionó el Intendente, antes de ponderar la puesta en marcha del Banco de Tierras Municipal, herramienta que “genera las condiciones necesarias para que todos los vecinos y las vecinas puedan acceder a un terreno a precios justos para poder construir en ellos sus viviendas definitivas”.

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