El asesinato de Mauro Etcheverry y la investigación que dejó al descubierto una trama narco

La madrugada todavía envolvía las calles de Gualeguaychú cuando ese domingo 13 de mayo, hace 14 años atrás, Mauro Jesús Etcheverry recibió una puñalada en la zona del barrio Los Álamos. La lesión, localizada en la ingle, provocó un daño interno que terminaría siendo irreversible. Su hermano estaba junto a él y fue testigo de una agresión que ocurrió en pocos segundos, sin que ambos pudieran comprender de inmediato su verdadera gravedad.

No había una gran pérdida de sangre a la vista ni una escena que anticipara lo que estaba sucediendo dentro del cuerpo del adolescente. Mauro retrocedió y cayó desvanecido. La herida había comprometido una vena abdominal y desencadenó una hemorragia interna.

Fue trasladado al Hospital Centenario, donde los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida, pero no pudieron revertir el cuadro. Unas cuatro horas después del ataque, murió a causa de un shock hipovolémico. Tenía apenas 17 años.

La causa avanzó sobre la hipótesis de que Marcos Rafael Lencina había sido el autor de la puñalada. El hombre fue detenido el mismo día del hecho y el 24 de mayo de 2012 quedó procesado por homicidio simple, con prisión preventiva.

El expediente no tenía demasiadas sorpresas: existía un testigo directo del crimen y el esfuerzo de la Justicia pasó por contrastar las declaraciones y distinguir lo observado directamente de aquello que debía corroborarse durante la instrucción. Esa evaluación resultaba central para sostener la acusación en el juicio y evitar que las conclusiones dependieran de una sola versión.

Pero, por otro lado, la existencia de un imputado no resolvía todas las dificultades de la acusación. Había que sostener los testimonios, confrontar versiones y establecer responsabilidades en una causa en la que no se recuperaron elementos claves para el proceso, como el arma homicida.

En las primeras semanas, familiares y allegados se manifestaron frente a la Jefatura Departamental para reclamar celeridad. También proyectaron convocatorias junto a Aciverjus frente a Tribunales. Para la familia, la búsqueda de justicia no podía perderse entre trámites y decisiones judiciales.

Sin embargo, en septiembre de ese año —en sólo cuatro meses, algo poco habitual por aquel tiempo debido a la burocracia de las investigaciones—, la causa fue elevada a juicio y quedó encaminada hacia la Cámara del Crimen de Gualeguay. Al mismo tiempo, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa.

La decisión de mantener a Lencina detenido había sido sostenida por el juez de Instrucción Sergio Carboni y confirmada por instancias superiores, incluida la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El 19 de marzo de 2013, después de una jornada judicial que se prolongó durante más de diez horas, la Cámara del Crimen de Gualeguay condenó a Marcos Rafael Lencina a 14 años de prisión por el homicidio de Mauro Jesús Etcheverry. El debate reunió a nueve testigos: siete convocados por la querella y dos por la defensa. Entre ellos, el hermano de Mauro, que volvió a ocupar un lugar central.

La falta de pruebas materiales marcó parte de la discusión: no se había encontrado el arma homicida, ni las prendas buscadas, ni el automóvil que, de acuerdo con la reconstrucción de la causa, habría sido utilizado por el acusado para huir hacia Buenos Aires después de la agresión.

Sin embargo, esa ausencia no impidió que el Tribunal llegara a una condena, pero expuso la importancia crucial que adquirieron los testimonios para sostener la acusación y reconstruir el ataque.

Durante el recorrido judicial, los familiares de Mauro habían planteado que la muerte del adolescente debía observarse también a la luz de una realidad que consideraban conocida en el barrio. Uno de sus hermanos denunció que Lencina se dedicaba a la venta de drogas en la ciudad sin que esa actividad fuera impedida, y expresó su sospecha de que la situación merecía ser investigada.

La apertura de la ruta narco
La derivación tuvo un peso institucional significativo: la información surgida de una causa provincial pasó a un fuero competente para investigar delitos federales. Las declaraciones fueron incorporadas al expediente y el juez que intervenía en la causa por homicidio remitió copias al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay —por entonces, aún no existía el Juzgado Federal en Gualeguaychú—.

Todavía era necesario determinar qué había detrás de las denuncias, quiénes participaban del comercio de estupefacientes y si existía una estructura organizada que abastecía a distintos puntos de venta de la ciudad.

Los testimonios mencionaban una vivienda de la calle Los Alerces, cerca del lugar donde Mauro había sido atacado. De acuerdo con las declaraciones reconstruidas en publicaciones periodísticas de la época, en ese lugar habría funcionado un búnker vinculado a dos hermanos (un hombre y una mujer) que residían en las inmediaciones.

No existieron elementos en la investigación que permitieran afirmar que Mauro fue asesinado por una disputa relacionada con las drogas. La conexión entre ambas historias es otra: la búsqueda de respuestas por su muerte contribuyó a que se investigara una red de comercialización de cocaína que, según la acusación federal, operaba en distintos niveles y conectaba a Gualeguaychú con el conurbano bonaerense.

Durante 2013, Gendarmería Nacional avanzó en una pesquisa que se extendió por aproximadamente seis meses. El trabajo del Escuadrón 56 incluyó vigilancias, fotografías, filmaciones, seguimientos y escuchas telefónicas. Dos denuncias independientes por presunta venta de cocaína en domicilios particulares fueron unificadas para identificar no solamente a los vendedores al menudeo, sino también a quienes proveían la sustancia.

Un hombre domiciliado en Gerli, en el partido de Avellaneda, fue señalado como el proveedor mayorista. En un segundo escalón aparecían otras cuatro personas encargadas de la compra y reventa. La mujer del búnker fue señalada como una de las operadoras de la venta al menudeo en Gualeguaychú, mientras que otro sujeto cumplía la función de transportar la droga desde Buenos Aires en colectivos de larga distancia. En el inicio de la investigación también había sido imputado otro hombre, señalado como vendedor al menudeo, pero falleció durante el proceso y la acción penal quedó extinguida. Las funciones atribuidas a cada persona surgieron de la hipótesis fiscal construida con las tareas de inteligencia y las comunicaciones reunidas.

El operativo en la Ruta 14
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue el mecanismo de traslado. Según la acusación, uno de los involucrados compraba los pasajes con su nombre y documento verdaderos para viajar en servicios regulares de larga distancia.

Los desplazamientos, cruzados con las comunicaciones intervenidas, permitieron seguir sus movimientos hasta el desenlace: el 2 de noviembre de 2013, Gendarmería interceptó un colectivo en el puesto caminero de Perdices, sobre la Ruta Nacional 14.

Un gendarme encubierto relató durante el juicio que había viajado de civil en el mismo micro: ocupaba la butaca 46, mientras que el sospechoso lo hacía en la 44.

Al principio, ningún pasajero reconoció como propio el bolso que los efectivos buscaban. Finalmente, el sospechoso admitió su pertenencia. Al ser notificado de sus derechos, indicó que la droga se la había entregado un hombre llamado Martín y que estaba destinada a otro llamado Miguel Ángel. La requisa permitió secuestrar tres «ladrillos» de cocaína, con un peso total de tres kilos.

El traslado en un servicio de larga distancia obligó a reconstruir recorridos y horarios, y a relacionar los viajes con los datos reunidos durante las vigilancias. La hipótesis no se apoyaba solo en la presencia del sospechoso en el colectivo, sino también en la correspondencia entre sus desplazamientos y las comunicaciones analizadas. La comparación de esos registros permitió dar contexto a los viajes y orientar la intervención de los efectivos.

Después del procedimiento se realizaron allanamientos casi simultáneos en viviendas de Gualeguaychú y domicilios de Buenos Aires. Los operativos permitieron reunir nuevos elementos y dieron paso a detenciones. El secuestro en el colectivo fue un momento decisivo: la hipótesis construida durante meses encontró una evidencia material en la sustancia que, según la acusación, abastecería a los revendedores de la ciudad.

El juicio federal y las condenas
En agosto de 2015, cuando el Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó a juzgar a los acusados, los testimonios de los gendarmes permitieron conocer cómo se había reconstruido el funcionamiento de la organización. Se detalló las vigilancias, los desplazamientos; e integrantes del equipo explicaron el análisis y la desgrabación de las comunicaciones intervenidas.

También describieron encuentros presenciales entre los presuntos compradores y el proveedor. Uno habría ocurrido en una pizzería de Buenos Aires y otro sobre la Ruta 14. Se incorporaron registros de cámaras de seguridad del edificio donde vivía una de las investigadas, a donde uno de los principales involucrados llevó una caja y salió entre diez y quince minutos después sin ella.

En agosto de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná juzgó a seis acusados por la causa de narcotráfico. Los testimonios permitieron exponer el trabajo de inteligencia, las comunicaciones analizadas y el procedimiento que terminó con el secuestro de tres kilos de cocaína. Se trataba de un expediente distinto del homicidio de Mauro, con sus propias pruebas y responsabilidades.

En el debate federal, los gendarmes explicaron cómo registraron los movimientos, analizaron las comunicaciones y llegaron al operativo sobre la Ruta Nacional 14. Sus testimonios permitieron exponer el origen de la hipótesis acusatoria y la forma en que se reunieron las pruebas que luego valoró el tribunal. De ese modo, el juicio examinó no solo el resultado del procedimiento, sino también el trabajo previo que condujo hasta él.

La secuencia permite comprender el alcance de aquella conexión. Primero fue la muerte de Mauro, la detención del acusado y el reclamo familiar para que el homicidio llegara a juicio. Después llegó la condena, mientras las denuncias sobre la venta de drogas y las declaraciones incorporadas al expediente abrían otra línea de investigación.

Finalmente, el Tribunal Oral federal de Paraná resolvió dictar una condena de 8 años para el proveedor y cabecilla desde Avellaneda. Fue declarado autor del delito de comercialización, pero además considerado el organizador de la red criminal. Luego, en 2017, la Cámara Federal de Casación Penal redujo su pena a 6 años y 6 meses tras revisar el grado de su participación.

Otro de los involucrados recibió 6 años por ser considerado comerciante y distribuidor principal en la ciudad. Su hijo recibió 5 años por ser el encargado de la venta al menudeo. Una abogada y pareja del hombre, fue condenada a 4 años y 6 meses de prisión como coautora de la tenencia de cocaína agravada con fines de comercialización. Otro hombre recibió 4 años por ser el encargado de la logística y transporte: era “la mula” descubierta en el colectivo. Y por último, la mujer a la que se la acusó de ser la responsable del bunker cercano a donde murió Mauro, recibió 4 años por la venta al menudeo.