El asesino de Susana Villaruel pide que le reduzcan la cadena perpetua

El Tribunal de la Cámara de Casación Penal de Concordia escuchó ayer por la mañana al representante legal de Ramón De La Cruz Ortiz y al fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán. El defensor pide una baja en la condena o un nuevo juicio, mientras que el otro solicitó que se confirme el fallo de primera instancia.   Carlos Riera   Ramón De La cruz Ortíz está detenido desde el 11 de julio de 2017 y pasó más de un año del día que el juez Mauricio Derudi leyó la sentencia que lo condenaba a la máxima pena del Código Penal Argentino: la prisión perpetua. Para la Justicia de Gualeguaychú quedó probado el hecho que fue imputado por los fiscales Martín Gil y Lisandro Beherán y la modalidad del crimen. Ortiz "esperó el momento oportuno, en una zona alejada de habitantes y poco transitada, donde a Susana Villarruel le resultara imposible una defensa, pedir ayuda o escapar". "La atacó deliberadamente buscando y aprovechando la situación de indefensión, la agredió y apuñaló hasta dejarla sin vida, para luego ocultar el cuerpo en la maleza para que no sea fácil su localización para luego salir huyendo del lugar del crimen", leyó Derudi entre algunos de los argumentos en los que se basó el Tribunal. En el juicio quedó acreditado que el fallecimiento ocurrió el 10 de julio de 2017, a consecuencia de las múltiples heridas punzo cortantes ocasionadas, que le produjeron un shock hipovolémico y lesión cerebral. También quedó comprobado el lugar geográfico donde fue atacada mortalmente Susana Villarruel, sobre la vereda oeste de Av. Julio Irazusta, a unos 70 metros hacia el punto cardinal norte de la cabecera norte del puente sobre el Arroyo del Cura. Si bien es cierto que no se contó con testigos presenciales del ataque, ni con otra prueba directa que demuestre que el hecho fue cometido por Ortiz, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) reunió un caudal de pruebas suficientes, que permitieron acreditar "certeramente la intervención del imputado en el hecho". La correcta valoración de los indicios llevó inexorablemente a la conclusión de la culpabilidad de Ortiz como la única racionalmente posible en el marco de la prueba producida. Se valoró la denuncia efectuada por el mismo imputado en Comisaría Octava, casi a la medianoche del día 10 de julio, refiriendo falazmente haber dejado a Susana en la parada de colectivos, lo cual quedó desvirtuado. Ortiz fue la última persona que estuvo con Susana Villarruel en vida, y que necesariamente debieron pasaron juntos por el lugar del ataque, en el horario en que fue letalmente agredida. Los elementos que eran propiedad de Susana Villarruel, que llevaba al momento de ser atacada, y que fueron hallados en la vivienda que Ortiz habitaba, fueron los indicios claves de la investigación. Su teléfono celular y la tarjeta de cobro de la Asignación Universal por Hijo, que ese mismo día en que la mató, Ortiz la utilizó para extraer dinero de uno de los cajeros del Banco de Galicia, sirvieron como prueba fundamental. El Tribunal de Gualeguaychú tomó como agravante "la aberrante naturaleza del hecho cometido contra la víctima, ocasionándole numerosas lesiones punzo cortantes, revelando un desprecio hacia la vida humana". Otro agravante fue "el indiscutible e inconmensurable dolor y sufrimiento generado contra una persona joven y madre de varios hijos, incluso uno de ellos en común con el acusado, lo cual hace extensible el daño ocasionado a todos ellos a quienes ha privado definitivamente de la posibilidad de crecer junto a su madre". Finalmente también se aprecia como factor agravante el comportamiento posterior del imputado, ocultando el cuerpo de Villarruel entre la maleza y en un lugar alejado del camino con el claro propósito de dificultar su hallazgo".   Decidirá Casación Luego de la sentencia en Gualeguaychú, la defensa de Ortíz decidió recurrir a un Tribunal superior para que revise la sentencia. Ayer por la mañana se realizó la audiencia donde se escucharon los alegatos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal. El condenado fue representado por un defensor estatal, que trató excusar a Ortiz y pidió que se anule la sentencia y se convoque a un nuevo juicio para ser juzgado con otra imputación, y que en su defecto, en caso de que no se anule la sentencia, se dicte una pena menor. Por el lado de la Fiscalía, Beherán viajó especialmente a Concordia y defendió sus actuaciones realizadas en la etapa investigativa. Reiteró cada una de las pruebas que lo incriminaban y detalló la mecánica del crimen. También refirió cada uno de los puntos de la sentencia que estaba bien fundada y avalada de forma unánime. Beherán dijo que es necesario que se ratifique la prisión perpetua por tratarse de un femicidio. Ahora será el turno de los análisis por parte de los camaristas, que deberán estudiar el caso y decidir si se debe hacer un nuevo juicio o se confirma la sentencia de Derudi.