El caso Amarras llegó a la Corte Suprema de Justicia

El viceintendente Jorge Maradey inició la conferencia explicando el carácter informativo del estado de la causa relacionada al emprendimiento inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, el barrio náutico Amarras, y las acciones administrativas y judiciales en trámite.Cabe recordar que las controversias se centran en los riesgos sociales y ambientales que implica la concreción de un proyecto de estas características y dimensiones, sobre la margen de un río compartido entre Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.De la exposición participaron los presidentes de los tres bloques de concejales, Mariana Farfán (FPV), Andrés Sobredo (UNA), Pablo Echandi (Cambiemos); Mariano Fiorotto como director de Asuntos Legales; y los abogados Luis Leissa, Selva Chesini y Julio Majul."Las obras no pueden avanzar"En primer lugar, Mariano Fiorotto resumió el proceso, las intervenciones que se dieron en las diversas instancias judiciales y administrativas, relacionadas con el emprendimiento Amarras, de la empresa Altos de Unzué. "Es importante primero y principal destacar que técnicamente el emprendimiento está parado y no tiene aptitud ambiental a partir de que el gobernador emitió el decreto N° 258 que suspendió los efectos de la Resolución N°340/15 de Ambiente, que había otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental. Las obras no pueden avanzar".Así también, apuntó sobre el estudio realizado por la Universidad Nacional de la Plata, culminado en agosto de 2016, el cual alerta sobre las negativas consecuencias que supone el emprendimiento, al afectarse el valle de inundación y suponer transformaciones en el curso del río. "Las obras no pueden continuar hasta que se resuelva el recurso de queja interpuesto por Leissa y Majul. La Municipalidad por su parte ha planteado una posición muy clara al respecto del Caso Amarras, llevando distintas medidas, resoluciones, denuncias, tanto desde el poder Ejecutivo como del Legislativo"Sin aptitud ambientalPor su parte, Luis Leissa subrayó la postura de la Municipalidad, claramente contra la instalación de este barrio. Asimismo señaló: "Ratificamos que Amarras es ilegal. Que hoy no tiene ningún tipo de habilitación. No ha obtenido el certificado aptitud ambiental. Esto debe saberlo el pueblo de Gualeguaychú. Porque está en juego nada más y nada menos que el derecho al ambiente, al paisaje, por más derecho de propiedad que tenga la empresa, no puede hacer lo que quiere", y agregó: "Con este recurso ante la Corte Suprema de Justicia nosotros pretendemos el cese de la obra, el cese de la construcción y la recomposición del ambiente. Y con el acompañamiento de la Municipalidad y de todos los bloques de concejales".UnanimidadJulio Majul, abogado que presentó el amparo ambiental contra el emprendimiento Amarras, opinó: "Este emprendimiento pasa por arriba todas la normas. Nunca ha tenido licencia ambiental. Es totalmente ilegal. Se trata de gente que cree que por tener mucho dinero puede pasar por arriba a la comunidad. Y eso es algo que no podemos a permitir".Los concejales de los distintos bloques también dieron su opinión. "Por unanimidad, desde el Concejo Deliberante hemos expresado nuestra preocupación, nuestra posición. Y debemos seguir expresando a nuestra comunidad, también en la lucha, en los reclamos", afirmó Mariana Farfán, concejal del Frente Para la Victoria, en tanto Andrés Sobredo, del Frente UNA - FR, dijo: "Es importante que el gobernador sepa que la comunidad de Gualeguaychú, representada a través de las distintas fuerzas, tiene una posición tomada contra esta emprendimiento. Un emprendimiento sin licencia social, que no puede seguir adelante".HidráulicaAnte de finalizar, Selva Chesini agregó: "Hay que aclarar que el certificado de aptitud ambiental, estaba sujeto a la aprobación. Los planes presentados por la empresa nunca fueron aprobados por hidráulica".Finalmente Fiorotto, concluyó: "Todas las actuaciones, documentación, el estudio de la UNLP, las presentaciones judiciales, están incluidas en el expediente administrativo, por lo que la resolución que tome el gobierno provincial deberá tenerlas en cuenta. Creemos que antes de cualquier resolución, se debería esperar la resolución judicial de la Corte Suprema".