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El cuñado de Urribarri pasó por Tribunales, pero se fue sin declarar

Al igual que los contadores, que fueron citados el lunes, Juan Pablo Aguilera se negó a declarar ante la fiscal Patricia Yedro. Se espera que los acusadores públicos soliciten una prórroga de la preventiva, que vence hoy.   El cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ, Juan Pablo Aguilera,  pasó este martes por la mañana por el Ministerio Público Fiscal para declarar en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, investigación en la que la Fiscalía calcula que se sustrajeron del erario público alrededor de $2 mil millones entre 2008 y 2018. Junto a Aguilera también fue Alejandro Almada, su cuñado –es hermano de Belén Almada, pareja de Aguilera- y empleado del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. Ambos se fueron sin hacer declaraciones ante la fiscal Patricia Yedro, que está al frente del caso junto a Ignacio Aramberry. La misma actitud tuvieron este lunes Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados; y el contador Roberto Faure, que también fueron citados a ampliar su declaración indagatoria. Tras un breve tiempo en la Fiscalía, los imputados fueron trasladados esposados por el Servicio Penitenciario a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde cumplen prisión preventiva desde el 15 de diciembre de 2018. A la citación fueron acompañados por el abogado de ambos, Marcos Rodríguez Allende. La medida vence este miércoles, pero se espera que los acusadores públicos soliciten una prórroga de la preventiva a la jueza de Garantáis Marina Barbagelata, bajo el fundamento de que pueden entorpecer la investigación. El pasado 6 de marzo el Ministerio Público Fiscal precisó los hechos atribuidos a la organizaciones delictiva, así la denomina, de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, en la que se investiga la sustracción de dinero del erario público a través de la realización de contratos apócrifos en nombre de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia “con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. En la reformulación aparece por primera vez el nombre del exgobernador Urribarri. Y junto a Urribarri, aparecen los nombres de los diputados oficialistas Daniel Ruberto, Juan Carlos Darrichón y Juan Reynaldo Navarro. Todos ellos salpicados tras la declaración del titular del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso. En la nuevo escrito inmputativo, la Fiscalía señala que al menos entre 2008 y 2018, es decir en los últimos 10 años, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial.

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