El Delta no se entrega

"¿Volvió Menem?", me preguntó, entre irónico y desencantado, un modesto chacarero de Diamante, luego de enterarse de la nueva ley de privatización de 200.000 hectáreas fiscales del Delta entrerriano.Mario Alarcón Muñiz La norma establece además la constitución de una sociedad anónima para su explotación con participación minoritaria de la Provincia, autorizada a la vez a contraer un préstamo de hasta 50 millones de dólares con esos fines.Sucede que este chacarero, como tantos otros, está esperando desde siempre un pedazo de tierra propio. Y no es sencillo explicarle la ley 10.092, sancionada en puntas de pié y apresuradamente, envuelta en un paquete de leyes pesadas, entre ellas el presupuesto y un endeudamiento de 1.500 millones de pesos, apenas días después de haberse iniciado el nuevo período de gobierno.Quien haya leído esta columna el 18 de diciembre pasado puede recordar nuestra inquietud acerca de la urgencia del tratamiento legislativo. "Hasta ahora la cuestión se presta a confusiones", sosteníamos entonces planteando ciertas dudas que -opinábamos- "se hubiesen despejado con un amplio debate y la debida información", porque "al final de cuentas son tierras nuestras". Gato encerradoA muchos funcionarios y legisladores les cuesta entender que las puertas cerradas alientan las sospechas. ¿Por qué no se debatió un asunto tan importante con tiempo, amplitud y profundidad? Si el gobierno tiene sus razones, lo más claro y honesto es exponerlas, presentar la argumentación e impulsar un debate que hasta puede perfeccionar la propuesta inicial. En el último de los casos, si se viera perdido, este oficialismo cuenta con mayoría suficiente en la Legislatura para imponer su criterio. Se vota y listo. Claro que después de estudiar y discutir el tema, enterando al pueblo de lo que se trata. En cambio, sancionar una ley de atropellada, eludiendo la comisión respectiva, sin estudio ni debate y además sobre tablas, por lo menos sugiere sospechas de gato encerrado. Detrás de las sospechas asoman los rumores. Y los responsables no somos los periodistas. En bandejaLa verdad es que a partir de la nueva ley se abre en Entre Ríos un panorama muy parecido a los que solía presentarnos el menemismo. Las casi 200.000 hectáreas fiscales del Delta serán privatizadas. La Provincia no perderá la propiedad, pero las concesiones de esas tierras llegarán a 99 años. Siendo así, ¿qué importa el título de propiedad? Dentro de un siglo hablamos. Los chinos -que no son giles- no compran, arriendan. Han alquilado enormes extensiones en la gran isla de Madagascar en el océano Índico para cultivar soja también durante 99 años, ¡qué casualidad! Algo parecido proyectan en casi 300.000 hectáreas de Río Negro, aunque allí el lapso es menor.Mediante la operación habilitada por la ley 10.092 se crea la sociedad anónima Arroz del Delta Entrerriano para la "administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial" de tierras fiscales. El capital privado, al que no se le exige residencia en Entre Ríos, tendrá el 60%; a productores locales se les reservará el 20%, pero sólo a los diez de mayor volumen (los grandes, desde luego), en tanto que el Estado se reserva el 20% restante aportando 50 millones de dólares de un préstamo que garantizará con los fondos de coparticipación.Entre tanto podrán concesionarse los puertos entrerrianos, principalmente el de Ibicuy, comprendido en la zona, hoy inactivo desde el derrumbe del muelle, hace siete meses. Borrar con el codoConvertir en productivas las tierras fiscales es una buena meta. Lo planteó así el gobernador el 15 de septiembre de 2010, anunciando que el 10 de diciembre de ese año lanzaría un plan para que pequeños productores, entre ellos -quizá- aquél desconfiado chacarero de Diamante, las ocuparan y volvieran al campo. Nada sucedió al respecto hasta ahora, cuando nos enteramos que las tierras fiscales serán para una gran empresa. Además se trata de islas del Delta, "el mayor tesoro de fertilidad de la Argentina", según sostuvo Fundavida el pasado 20 de enero al destacar "su extraordinaria biodiversidad, tanto de flora como de fauna", condiciones que esta iniciativa pone en peligro.Cabe sumar la violación de convenios nacionales, como el Programa Integral Estratégico para Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta, firmado en 2008 por Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y la Nación. Desde Santa Fe acaba de plantearse un cuestionamiento, sosteniéndose que Entre Ríos "pone en riesgo el ecosistema del río Paraná" porque la producción intensiva -en principio de arroz y muy probablemente de soja, además de otros cultivos- "introducirá el uso de agroquímicos que derivarán en importantes alteraciones hídricas". Precisamente estos procedimientos estaban prohibidos por una ley provincial de 2004 que acaba de ser derogada. ¿Y la Constitución?La norma aprobada tampoco se encuadra en la legislación nacional vigente: ley 25.675 de medio ambiente y ley 26.331 de protección del bosque nativo, por citar las más importantes. Menos aún contempla la Constitución Provincial porque no ha tenido en cuenta que el Estado debe "alentar el desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa, domiciliada y radicada en la Provincia" (art. 67,inc b); "impulsar las condiciones esenciales para la diversificación, industrialización y participación equitativa en toda la cadena de valor de la producción, posibilitando el incremento de su rendimiento de manera sustentable"..."resguardar al pequeño y mediano productor"...y "procurar para la población rural el acceso a la propiedad de la tierra y promover su defensa" (art. 68). Asimismo la Carta Magna obliga al Estado a la preservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica" (art.83), estableciendo parámetros ambientales (art.86) que no han sido tenidos en cuenta.Para poner las cosas en su lugar será necesario decidir, entre todos, que el Delta no se entrega.