El despido de dos trabajadoras en el PRIU desató un conflicto entre propietario y sindicato

La Primera Residencia Integral de Urdinarrain (PRIU) sufre la burocracia y las deudas del PAMI. Esta semana, el propietario del geriátrico despidió a dos trabajadoras; el sindicato denunció irregularidades en los contratos laborales. Juan Fernández Un conflicto entre el propietario del geriátrico, trabajadoras del lugar y el sindicato que als nuclea se desató esta semana en ruta provincial N° 20 y acceso a Urdinarrain, donde está ubicado el asilo de ancianos "PRIU".Tras ser despedidas dos empleadas, convocaron al sindicato de sanidad que se hizo presente en el lugar (acompañados por la CGT en un vehículo del sindicato de camioneros de Entre Ríos) y quisieron ingresar a la institución para que reincorporen a las empleadas, por lo que el propietario decidió cerrar la puerta de acceso y dar aviso a la Policía, que llegó al lugar. Luego radicó una denuncia formal en la comisaria por amenazas de los representantes del sindicato de Sanidad.En dialogo con ElDía, la secretaria general de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (ATS) de Entre Ríos, Mariela Ponce, señaló que "vienen sucediendo irregularidades en el PRIU con el pago asistemático que realizan a los trabajadores, no se está pagando lo que les hacen firmar en el recibo; estamos con dos trabajadoras despedidas y hace dos meses despidieron a otra"."El agravante es que estas trabajadoras están con una tutela sindical, por lo que convocamos a elecciones para definir delegados en este lugar, y en el marco de la espera de esas elecciones fueron despedidas", aclaró.Por su parte, el propietario del PRIU, Vicente Gómez, indicó que ya no puede sostener la situación y anunció que si continúan los problemas con el PAMI deberá cerrar las puertas del lugar. "Desde que empecé este emprendimiento estuve dos años para lograr que PAMI me dé la habilitación y me mande abuelos. Ahora, por un error de ellos, hace un año que me levantaron la habilitación de PAMI y no me mandan abuelos desde la obra social, por lo que hoy no tengo abuelos para atender y tengo que despedir gente; por eso desde el sindicato me trataron de estafador y recibí muchos malos tratos", contó."PAMI me debe facturas desde el 2015, me dijeron que la semana pasada me las iban a pagar y no lo hicieron. Ahora me está pagando en octubre por los servicios que presté en julio, pero ya no me interesa la deuda, me interesa que me manden los abuelos para que yo pueda trabajar. Mi idea es tener todo en regla, todo en blanco y tomar más gente para trabajar, pero si PAMI no me renueva la habilitación va a ser imposible", expresó Gómez.Asimismo, aclaró que cuenta con "la habilitación municipal, la de salud pública y la de la  superintendencia de salud, pero estoy suspendido para que me manden abuelos por PAMI por un error de ellos, que entienden que esto no es un geriátrico; es un error de la gente del PAMI, que permanentemente realiza auditorias y pide cosas descabelladas, por lo que a veces me hace pensar que buscan algún retorno para firmarme la habilitación", protestó el propietario, visiblemente molesto con la obra social."Hace poco, cuando vino el gobernador, le entregué una nota explicándole mi situación; luego fui a PAMI central, porque la doctora Marta Charadia -directora de la Regional de PAMI- nunca me atendió, presenté todas las carpetas, les expliqué que ya tengo todos los requisitos que me habían pedido para que me levanten la suspensión y me dijeron que iban a venir la semana que pasó: no vinieron y nadie sabe nada, por lo que si PAMI no viene a darme una solución lamentablemente tendré que ir reduciendo el personal -en la actualidad son diez los trabajadores empleados-, ir pagando las indemnizaciones y dejar la gente en la calle, estoy perdiendo hasta la salud en esta lucha", completó.