IOSPER
El esposo de una vocal del STJ perdió un reclamo salarial
El médico traumatólogo Ricardo Rizzo, esposo de la hasta diciembre pasado presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, volvió a sufrir un revés en su pretensión por obtener una mejora en sus ingresos.
El médico traumatólogo Ricardo Rizzo, esposo de la hasta diciembre pasado presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, volvió a sufrir un revés en su pretensión por obtener una mejora en sus ingresos. Ahora, y a través del decreto Nº 4.307, del 7 de noviembre de 2023 y publicado este viernes 9 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo rechazó un reclamo administrativo planteado por el profesional y exintegrante de la Comisión Fiscalizadora del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) -ya jubilado- que buscó el cobro de un adicional por antigüedad instituido en 2014.
Rizzo había reclamado que le abone el adicional por antigüedad instrumentado a través del decreto Nº 1.053 del año 2014, que dispone la liquidación de una bonificación remunerativa en concepto de antigüedad en la Administración Pública a las autoridades superiores y al personal superior fuera de escalafón. Como integrante de la primera Comisión Fiscalizadora de Iosper, creada en 2006, Rizzo pidió que ese adicional también le sea liquidado. Los integrantes de la Fiscalizadora perciben una remuneración equivalente a la de Fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia, publicó Entre Ríos Ahora.
El decreto N° 3.36, del año 2006, a través del cual se designó a Rizzo en la Comisión Fiscalizadora de Iosper «dejó expresamente establecido que la remuneración de los integrantes de la Comisión (…) comprenderá exclusivamente la asignación básica, sin derecho a percibir remuneración adicional por antigüedad de otro tipo», dice el decreto que firmó al final de su gestión el exgobernador Gustavo Bordet.
Y agrega que «tanto la norma de creación de la Comisión Fiscalizadora como el decreto de designación de sus integrantes, constituyen sustento legal suficiente a los efectos de liquidar los haberes del peticionante». Y recuerda que Rizzo «revistaba como personal de planta permanente de la Administración Pública Central, con derecho a una retribución equivalente a la de Fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas y sin derecho a percibir remuneración adicional en concepto de antigüedad».
En ese marco, y «ante la claridad del texto de las normas mencionadas que no ofrecen dudas al momento de su interpretación, resulta pertinente rechazar el formal reclamo administrativo interpuesto» por Rizzo, dice el decreto de 2023.
La llegada de Rizzo a Iosper
La Ley 9.715, aprobada a mediados del mes de julio de 2006 por la Legislatura creó las figuras de la Comisión Fiscalizadora Permanente y el Gerente General.
La ley fue publicada el miércoles 21 julio de ese año en el Boletín Oficial. La primera fiscalizadora la integraron el médico Ricardo Rizzo, esposo de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina, ahora jubilado; la contadora Graciela Traverso, exsecretaria de Salud, y el abogado Ernesto Denis. Y la primera Gerente General, cargo que después fue opacado, Silvia Negrete.
El texto de la ley 9.715 reformó así la Ley 5.480, de creación de la obra social, e incorporó el artículo 8 bis en el que consigna que “el presidente será asistido por un gerente general, designado por el Poder Ejecutivo, el que se desempeñará en el cargo hasta tanto sea removido por la autoridad que lo designó”.
Fuente: Análisis