El Estado pagó este año más de 42 millones de pesos en juicios

El dato surgió en una jornada de Derecho Administrativo y lo aportó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. El funcionario brindó un panorama de los litigios en los que interviene.La subprocuradora de la Nación disertó acerca de la discrecionalidad en la administración y los fallos judiciales de la Corte al respecto.Las V Jornadas Entrerrianas de Derecho Administrativo, más allá de la tecnicidad de la actividad que fue dirigida a alumnos y profesionales, sirvió para tener un panorama de los juicios que el Estado provincial afronta y el dinero que debe abonar por las demandas que ha recibido.En el auditorio, lógicamente, se vio a integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue uno de los panelistas que disertaron en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), junto a Laura Monti, subprocuradora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien habló del "control judicial de la actividad discrecional de la administración".Rodríguez Signes dio cifras concretas de su gestión como defensor de las arcas del Estado. Con un vocabulario de docente explicó a los presentes cuáles eran los expedientes en los que intervenía su organismo y cuales, por ejemplo, interviene la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). El fiscal contó que de todos los juicios que tiene el Estado provincia, un 78 por ciento responden son demandas."De los juicios en que el Estado está demandado, las demandas en lo contencioso administrativo son el 20 por ciento. De ese 20 por ciento, la gran mayoría son asuntos previsionales, es decir por ajustes de jubilaciones", apuntó. El resto de las acciones, enumeró, refieren a cuestiones laborales, daños y perjuicios, y usucapiones. "Este último motivo merecería una charla aparte", dijo el funcionario que, en su gestión, ha hecho mucho hincapié en este tema.Un dato: al inicio de la segunda gestión de Sergio Urribarri, la Fiscalía de Estado tenía 60.000 hectáreas en proceso de recuperación jurídica y otras 200.000 que volvieron a ser parte del fisco al dejar sin efecto el arrendamiento.Pero el dato duro que dejó Rodríguez Signes fue que en el 2015, el Estado pagó por juicios 42,3 millones de pesos, "una cifra reducida a lo que el presupuesto de 50 millones", reproduce El Diario.