El Gobierno amplía el bloqueo de celulares en cárceles provinciales

El Gobierno amplió el bloqueo de celulares en cárceles provinciales para las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional, una medida que habilita la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de penales, con el objetivo de impedir que esos dispositivos sean usados para planificar o coordinar delitos desde el encierro.

La decisión quedó formalizada este jueves en la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada en el Boletín Oficial. La norma extiende a los establecimientos penitenciarios provinciales un mecanismo que ya regía para las unidades federales.

Cómo funcionará el bloqueo de celulares en las cárceles

Según el texto oficial, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, asociado a la SIM; y la línea telefónica vinculada. El alcance abarca aparatos que se activen tanto en el área de detención como en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.

La medida no operará de manera automática ni quedará librada a las compañías. Cada bloqueo requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el único canal para comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias adheridas. Así, una provincia no podrá ordenar por sí sola la inhabilitación ante las telefónicas, aunque se haya sumado al protocolo: la cartera nacional concentrará el envío de datos y la activación del procedimiento.

El origen: el pedido de Mendoza

Según informó Infobae, la incorporación de los penales provinciales se produjo después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Esa cartera advirtió sobre el uso de teléfonos dentro de las cárceles bajo administración provincial y pidió una norma complementaria que las incluyera de forma expresa. De acuerdo con Diario Uno, la ministra de Seguridad mendocina, Mercedes Rus, planteó la necesidad de contar con un respaldo legal claro para integrar a los penales subnacionales al esquema preventivo, y la provincia impulsó una licitación pública para adquirir plataformas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.

Hasta ahora, el procedimiento estaba limitado al sistema penitenciario federal, que según la PROCUVIN alojaba 12.206 personas al cierre de marzo. La resolución modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para el bloqueo de terminales con denuncia de robo, hurto o extravío, y sumó esta nueva facultad vinculada a los establecimientos penitenciarios.

Un antecedente judicial

En los considerandos, el Enacom vinculó la decisión con la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones, y recordó que la Ley 24.660 prohíbe en su artículo 160 las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles dentro del sistema penitenciario. La ampliación a las provincias se conoce meses después de un caso resonante: el 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.

Trazabilidad y límites técnicos

La resolución dispone que la tecnología utilizada deberá ajustarse para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario, una exigencia ya presente en normas previas sobre inhibidores y reiterada para impedir que la restricción alcance a vecinos, comercios o usuarios ajenos al penal. Las prestadoras también deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas, con criterios de integridad y trazabilidad, y dejar esa información disponible para usuarios y autoridades que la requieran.

Fuente: Infobae.