El Gobierno apelará el fallo que declaró la inconstitucionalidad parcial del decreto

El Gobierno de Entre Ríos apelará el fallo del juez Galanti que este jueves declaró la inconstitucionalidad parcial del decreto 2239 que reglamentó la aplicación de agroquímicos en Entre Ríos en cercanías de escuelas rurales. “Si se daba este resultado teníamos previsto interponer un recurso de apelación ante el STJ”, informó Rodríguez Signes. “Es lo que hacemos siempre ante estas situaciones”, afirmó sobre la estrategia. Al hacer una primera lectura del fallo, Rodríguez Signes explicó que el mismo “se apoya mucho en las dos sentencias precedentes, la de los magistrados Oscar Benedetto y Andrés Marfil, y considera insuficientes los informes que presentamos. Era una de las posibilidades”, manifestó. De todos modos, defendió el texto al afirmar que “está realizado razonablemente, contiene los antecedentes que la administración pública haciendo sus mayores esfuerzos pudo obtener. Es más creo que el decreto en sí es modelo para el resto de las provincias, pero (el fallo) hace hincapié en que hay cosa juzgada y en que la condenas anteriores están firmes, cosas que no compartimos porque el primer caso es abstracto y el segundo está en la Corte Suprema de manea que no hay firmeza respecto a esos fallos”, se explayó el Fiscal ante la consulta de esta Agencia. Y a modo de cierre, Rodríguez Signes manifestó a APF que “a pesar del fallo, la mejor forma de proteger la salud y el ambiente es aplicando este decreto 2239, que es líder en las provincias argentinas y supera los otros sistemas vigentes en el país”, admitió que el fallo adverso “por supuesto forma parte de las reglas de juego y del Estado de derecho”, aunque él no reconoce en el texto reglamentario “ninguna inconstitucionalidad manifiesta”. Cabe resaltar que una vez que el recurso de apelación llega al STJ mediante un sorteo entre sus nueve miembros se elige a los cinco vocales que decidirán sobre la cuestión. ¿Qué opinan los ecologistas? Para el Foro Ecologista es “inviable” que se revierta la inconstitucionalidad del decreto sobre fumigaciones. Así lo dijo la abogada patrocinante de la entidad ambiental quien también habló del procedimiento que se viene en el STJ que es el que debe resolver el fondo de la cuestión con un tribunal ad hoc. Aldana Sacia, en declaraciones a APFDigital, además de explicar por qué la reglamentación que presentó el Gobierno carece de sustento científico, señaló que las “buenas prácticas” que proponen son “imposibles de controlar”. Finalmente le dedicó un párrafo aparte a la Ministra de Salud a quien exaltó por no haber avalado con su dictamen el contenido del decreto finalmente declarado parcialmente inconstitucional.