El Gobierno busca impedir que ingresen inmigrantes con antecedentes penales
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La canciller Susana Malcorra dijo que "hay que revisar la carga personal" de los extranjeros. Al mismo tiempo, aclaró que "la mayoría viene con buena voluntad". El Gobierno planea endurecer la política migratoria. Si bien la idea de que debe haber controles más firmes ya se había planteado desde el macrismo meses atrás, el asesinato de Brian Aguinaco, cuyo principal sospechoso es un joven de nacionalidad peruana, le dio un nuevo impulso a la iniciativa.El tema se discute estos días en el marco del "Gabinete Nacional del Programa Siria", creado por el presidente para trabajar en la recepción de los refugiados sirios, y a fines de este mes el Ejecutivo podría acordar puertas adentro cómo piensa restringir el ingreso de aquellos extranjeros que cuenten con antecedentes penales."Estamos recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar. Cuando estás recibiendo gente que ya de por sí tiene un registro de delincuencia, es una situación particular, no es un migrante: es eventualmente alguien que está escapando de la ley, o alguien con estado de inmigración que al mismo tiempo delinque", dijo la canciller Susana Malcorra al diario Clarín. A través de una Ley o DecretoHay dos opciones para concretar el plan. La primera es a través de un proyecto de ley o decreto. La segunda consiste en la sola aplicación de la legislación vigente. Es que el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".La dificultad para aplicar el texto de la ley está en que no siempre se cuenta con los prontuarios de los extranjeros que ingresan en el territorio nacional. En este sentido, un camino sería construir acuerdos internacionales que permitan a la Argentina acceder a esta información. Por otro lado, se piensa en acelerar plazos de expulsión de aquellos inmigrantes que delinquen en el país.
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