El gobierno de Trump le prohíbe a Harvard inscribir a estudiantes extranjeros: los que están cursando deberán cambiarse de universidad

El gobierno de Donald Trump revocó la capacidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales en su creciente batalla con la prestigiosa universidad, y advirtió que los miles de alumnos extranjeros actuales deben transferirse a otros centros de estudio o pondrán en riesgo su estatus migratorio, anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una carta.

“Con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis) de la Universidad de Harvard”, escribió Noem en una carta a la institución, en referencia al principal sistema que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos. “Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país”, agregó.

La medida se conoce después de que Harvard se negó a proporcionar información exigida por Noem sobre algunos titulares de visas de estudiante extranjeros. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la universidad de la llamada Ivy League -las más prestigiosas de Estados Unidos- creó un ambiente inseguro en el campus al permitir que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” agredan a estudiantes judíos en el campus. Sin ofrecer pruebas, también acusó a la casa de estudios de tener vínculos con el Partido Comunista chino, diciendo que albergó y entrenó a miembros de un grupo paramilitar chino incluso hasta el año pasado.

“Esto significa que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros, y los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse de universidad o perderán su estatus legal”, agregó la agencia en un comunicado.

“Es un privilegio, no un derecho, para las universidades matricular a estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus pagos de matrícula más altos para ayudar a rellenar sus dotaciones multimillonarias”, agregó Noem en la carta.

La disputa se origina a partir de una solicitud del 16 de abril de Noem en la que le exigía a Harvard que entregara información sobre estudiantes extranjeros que pudiera implicarlos en violencia o protestas, algo que podría llevar a su deportación.

En concreto, Noem dijo que la universidad no proporcionó al DHS registros relevantes sobre “mala conducta y otros delitos que harían que los estudiantes extranjeros fueran inadmisibles o susceptibles de expulsión”.

La universidad, según la publicación The Harvard Crimson, presentó parcialmente los registros disciplinarios de los estudiantes internacionales que habían sido solicitados por Washington.

Si Harvard desea recuperar la certificación, según la carta de Noem, debe entregar al DHS los registros solicitados en un plazo de 72 horas. La solicitud actualizada exige todos los registros, incluidos grabaciones de audio o video, de estudiantes extranjeros participando en protestas o actividades “peligrosas” en el campus.

“Esta administración está responsabilizando a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”, expresó Noem en un comunicado.

La respuesta de Harvard

Harvard calificó la acción como ilegal y dijo que está trabajando rápidamente para proporcionar orientación a los estudiantes.

“Esta acción de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”, manifestó la universidad en un comunicado.

“La acción del gobierno es ilegal. Estamos plenamente comprometidos con mantener la capacidad de Harvard para acoger a estudiantes y académicos internacionales, que proceden de más de 140 países y enriquecen a la Universidad -y a este país- de manera inconmensurable”, dijo la universidad en un comunicado.

Esta es la última escalada en un esfuerzo continuo del gobierno de Trump para forzar cambios en universidades de todo el país, incluida Harvard, a las que acusa de fomentar ideologías antiestadounidenses, antisemitas, marxistas y de “izquierda radical”. También busca terminar con los programas de diversidad destinados a abordar la marginación de las minorías.

A diferencia de universidades como Columbia, que aceptaron acatar las nueva política de la administración republicana, Harvard demandó en la justicia al gobierno hace un mes por el intento de imponer cambios en su plan de estudios, sus políticas de admisión y sus prácticas de contratación.

La semana pasada, la Casa Blanca anunció un nuevo recorte de 450 millones de dólares en subvenciones federales que se suma a la congelación de 2200 millones más, de un total de 9.000 millones en revisión. Además, solicitó a la agencia recaudadora de impuestos, IRS, que revoque la exención de impuestos de la universidad.

Con un patrimonio de 53.200 millones de dólares en 2024, Harvard es la institución de educación superior más acaudalada de Estados Unidos.

Alrededor de 6800 estudiantes internacionales asistieron a Harvard este año, lo que representa aproximadamente el 27% del alumnado, según datos de matriculación de la universidad. Esto representa un aumento con respecto al 19,7% en 2010. La mayoría son estudiantes de posgrado, provenientes de más de 100 países.

La Argentina, por su parte, cuenta hoy con 67 alumnos en la universidad. En la última década, la cantidad de estudiantes argentinos en Harvard ha oscilado entre 56 y 82, alcanzando su punto máximo durante el ciclo académico 2018-2019, en el primer mandato del presidente Donald Trump.

“Nadie sabe” lo que esto significará para los estudiantes internacionales ya matriculados, dijo a la AFP Alice Goyer, estudiante estadounidense. “Todo el mundo está entrando un poco en pánico”, ante la noticia, que ha desencadenado “mensajes de un montón de amigos internacionales, y creo que todo el mundo está simplemente... nadie lo sabe”, dijo.

Freno de la Justicia

Mientras tanto, un juez en California le prohibió el jueves al gobierno de Trump terminar el estatus legal de los estudiantes internacionales en todo el país mientras está pendiente un caso judicial que desafía terminaciones previas.

La orden del juez federal Jeffrey S. White en Oakland le prohibió al gobierno arrestar, encarcelar o trasladar a los estudiantes a otro lugar basándose en su estatus legal hasta que se resuelva el caso. Los estudiantes aún pueden ser arrestados por otras razones y su estatus legal aún puede ser revocado si son condenados por un delito violento que conlleve una pena de prisión de más de un año.

White, quien fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, emitió la orden judicial a nivel nacional solicitada por los abogados de unas dos docenas de estudiantes que demandaron después de que su estatus legal fuera abruptamente terminado a principios de abril por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Más de 4700 estudiantes internacionales tuvieron su permiso para estudiar en el país cancelado esta primavera boreal, con poco aviso o explicación, como parte de la ofensiva del presidente Trump contra inmigrantes y ciudadanos extranjeros. En audiencias judiciales, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que revisaron los nombres de los titulares de visas de estudiante a través de una base de datos administrada por el FBI que contiene los nombres de sospechosos y personas que han sido arrestadas, incluso si los cargos fueron retirados o nunca fueron acusados de un crimen.

Algunos estudiantes abandonaron Estados Unidos en lugar de arriesgarse a ser deportados a un tercer país. (Fuente: New York Times)