El Gobierno denunció vuelos ilegales a Malvinas y exigirá sanciones internacionales
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El Ejecutivo intimó al Reino Unido a frenar la explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion y anunció acciones legales por operaciones aéreas no autorizadas.
El Gobierno argentino denunció formalmente que una empresa británica realizó vuelos ilegales desde las Islas Malvinas hacia la ciudad chilena de Punta Arenas. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el mandatario Javier Milei ordenó el inicio urgente de procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la firma Thales UK Limited. La medida responde a la detección de operaciones aéreas realizadas con una aeronave de matrícula británica sin la debida autorización de las autoridades nacionales.
En paralelo, el Ejecutivo intimó al Reino Unido para que cese, en un plazo de dos semanas, las actividades de explotación de hidrocarburos en el proyecto denominado Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno advirtió que, de no cumplirse este requerimiento, se iniciará el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras.
La postura argentina sostiene que la explotación de recursos naturales en la zona representa un perjuicio irreversible a los derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. El reclamo se fundamenta en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía.
Por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó recientemente que Londres mantiene su capacidad de defensa sobre el archipiélago. En tanto, el Poder Ejecutivo local continúa con las gestiones diplomáticas para impedir el avance del proyecto, que involucra a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, mientras que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar para frenar las obras vinculadas a la explotación hidrocarburífera.