La decisión del Gobierno se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.
La baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes parece haber decidido al Gobierno a avanzar en algunos proyectos que parecían cajoneados.
Uno de ellos es el nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña Legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas. Y ahora el Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero. La principal novedad en la letra del texto, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15 años, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.
La información fue confirmada por altas fuentes oficiales, quienes confirmaron que el tema estuvo sobre la mesa en el almuerzo que compartieron los ministros en Casa Rosada y, ante la ausencia de Macri por sus vacaciones, encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano; ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.
En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política. Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien junto a Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley N° 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.
Con las diferencias de criterio internas ya saldadas, y la carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el kirchnerismo se opondrá.
El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En todos los casos, como se apunta en el Artículo 50° del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
Además, se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima. (Clarín) País |
El Gobierno enviará el proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad
06 de enero de 2019 - 22:26
La decisión del Gobierno se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.
La baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes parece haber decidido al Gobierno a avanzar en algunos proyectos que parecían cajoneados.
Uno de ellos es el nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña Legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas. Y ahora el Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero. La principal novedad en la letra del texto, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15 años, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.
La información fue confirmada por altas fuentes oficiales, quienes confirmaron que el tema estuvo sobre la mesa en el almuerzo que compartieron los ministros en Casa Rosada y, ante la ausencia de Macri por sus vacaciones, encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano; ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.
En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política. Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien junto a Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley N° 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.
Con las diferencias de criterio internas ya saldadas, y la carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el kirchnerismo se opondrá.
El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En todos los casos, como se apunta en el Artículo 50° del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
Además, se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima. (Clarín) 
