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El Gobierno envió a Diputados la reforma laboral y busca aprobarla antes del 1 de marzo
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La Casa Rosada despliega una ofensiva parlamentaria para llegar con leyes clave sancionadas al inicio del período ordinario. Entre negociaciones con aliados, tensiones reglamentarias y críticas opositoras, el oficialismo acelera para consolidar su agenda de cambios estructurales.
El Gobierno aceleró en el Congreso con el objetivo de aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias. En la Casa Rosada consideran clave que esa iniciativa, junto al régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, formen parte central del discurso presidencial.
Con ese objetivo, el oficialismo giró el proyecto de modernización laboral a la Cámara de Diputados y apunta a sancionarlo antes del cierre de las sesiones extraordinarias, previsto para el 27 de febrero. En paralelo, también impulsa en el Senado el tratamiento del acuerdo con la Unión Europea y la baja de edad de imputabilidad.
La estrategia legislativa contempla convocar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda el próximo 18 de febrero, con la intención de emitir dictamen y avanzar rápidamente hacia el recinto. Sin embargo, el cronograma enfrenta obstáculos reglamentarios y políticos. El reglamento establece que en extraordinarias el dictamen debe obtenerse con al menos diez días de anticipación al cierre del período, por lo que el Ejecutivo evalúa extender las sesiones hasta el 28 de febrero mediante un decreto.
En Diputados, el oficialismo asegura contar con el número necesario para lograr un dictamen de mayoría si mantiene el respaldo de sus aliados, entre ellos el PRO, la UCR y bloques provinciales. No obstante, el desafío será reunir quórum en el recinto, en medio de cuestionamientos opositores al tratamiento acelerado de una norma de fuerte impacto.
Desde distintos sectores advierten que una reforma de esta magnitud requiere mayor debate. Legisladores opositores sostienen que el proyecto no puede discutirse en pocos días y cuestionan la intención de avanzar con un trámite exprés. Incluso aliados del oficialismo plantearon la necesidad de introducir modificaciones al texto que ya cuenta con media sanción del Senado.
El PRO, por ejemplo, anticipó que propondrá cambios, lo que podría demorar la sanción definitiva si el proyecto debe regresar a la Cámara Alta. Esa posibilidad explica parte de la premura del oficialismo, que busca cerrar el trámite legislativo antes del inicio formal del año parlamentario.
En paralelo, el Senado también trabaja contrarreloj. El oficialismo pretende dictaminar la próxima semana el régimen penal juvenil y avanzar con el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Para ello necesita cumplir con los plazos reglamentarios que exigen un período mínimo entre la firma del dictamen y la sesión.
Con un calendario ajustado, resistencia opositora y negociaciones abiertas con aliados, el Gobierno apuesta a mostrar resultados legislativos concretos en la apertura de sesiones, en un intento por consolidar su agenda de reformas estructurales.