
La discusión por un incremento salarial para los trabajadores de las oficinas del Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos, tuvo ayer por la mañana un nuevo capítulo. La respuesta no convenció al personal. El lunes 8 de agosto se inició en cada repartición inmobiliaria estatal una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Desde 2005 data el primer pedido de los registrales de pasar a la órbita de la Justicia, pero esa moción nunca prosperó.Luego, los empleados solicitaron que sus haberes sean equiparados con los del Poder Judicial pero la secretaria de Justicia de la provincia, Lucila Haidar, echó por tierra esta iniciativa.A raíz de ello, los trabajadores de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos entregaron al Gobierno a fines de agosto una tabla de valores que significaban una readecuación del adicional por incompatibilidad de funciones, con nuevas pautas y criterios a las que funcionan en la actualidad de sus haberes.La respuesta a esta solicitud se esperaba en la mañana de ayer cuando se desarrolló un nuevo encuentro con los ministros de Gobierno, Adan Bahl, y de Economía, Diego Valiero. A la reunión asistió un número importante de trabajadores, que presenció el ofrecimiento de los funcionarios entrerrianos.Según contó una de las empleadas, "nos ofrecieron un 10 por ciento sobre la tabla de valores que les entregamos en la anterior reunión". En esa readecuación del adicional que le fue entregada al Gobierno, la categoría más baja solicita 4.000 pesos pero el ofrecimiento estatal significa 400 pesos.La propuesta no satisfizo y el personal registral se convocó en asamblea para analizar los pasos a seguir. Fue rechazado el ofrecimiento y se elaboraron dos contraofertas que serán entregadas el viernes en una reunión de mesa chica.Los empleados esperan la respuesta gubernamental para el próximo miércoles, que en caso de no ser satisfactoria convocarán para el viernes 23 de septiembre una Asamblea General Deliberativa en Villaguay "para cerrar el asunto".Los empleados registrales reciben actualmente alrededor de 1.200 pesos por incompatibilidad de funciones y pretenden que se realice un nuevo cálculo que sustituya al anterior por considerarlo "obsoleto", pero el 10 por ciento que ofreció el Gobierno "es irrisorio", manifestó la empleada de la oficina local.