El Gobierno tomará posesión de 13.000 hectáreas de tierra

Luego de que se dictara el decreto que declaró lesiva esa venta, la Fiscalía de Estado hizo una certificación de ese decreto que demuestra legalmente que no fue impugnado, y dictó además una resolución por la que dio intervención a la Escribanía Mayor de Gobierno para proceder a hacer la efectiva toma de posesión.El acto formal tendrá lugar entre el lunes y martes próximo, según adelantó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.En 1978, cuando gobernaba Entre Ríos el brigadier Rubén Daniel Di Bello, la Provincia puso a la venta vastas extensiones de tierras en el sur entrerriano, sin cumplir con los pasos legales. Y con algunos errores por parte de los compradores: las tierras nunca fueron escrituradas.El Estado concretó esa enajenación a través del decreto N° 2.319/78, que en septiembre de 2010 el Poder Ejecutivo declaró "lesivo a los intereses públicos y al orden público", y recomendó a la Fiscalía de Estado la presentación de una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), de modo de conseguir la nulidad de un acto administrativo dispuesto por el propio Estado.La historia de esa anulación empezó de modo casual: en julio de 2009 el empresario santafesino Daniel Rey, socio gerente de la firma Agencia Marítima El Hauar, hizo un pedido al Estado para usar una franja costera de 100 metros de ancho por 1.000 metros de largo, sobre la margen del río Ibicuy, para construir un atracadero de barcazas.Cuando se empezó a investigar en la Dirección de Tierras Fiscales respecto de la situación catastral de ese predio, se descubrió que formaba parte de un lote mayor, de 13.000 hectáreas, que había sido puesto a la venta en 1978 por Di Bello, y adquirido por un privado.Pero la operación no se había cerrado del todo; nunca fue escriturado por los particulares que se presentaron como compradores, y por lo tanto siguió bajo dominio público.Todo comenzó en la Dirección de Tierras Fiscales a partir del pedido de El Hauar, que derivó en la redacción de un primer dictamen, firmado por Pablo Bonato, asesor legal de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales, que llegó a la conclusión que la franja de tierra solicitada para instalar un muelle formaba parte de un lote de 13.000 hectáreas adjudicado en 1979 a la firma Florizú SRL.Pero Bonato planteó en su escrito que la venta autorizada por Di Bello desatendió lo dispuesto en el Código Civil -toda enajenación de tierras de dominio público debe estar amparada en una ley del Congreso Nacional- y por tanto considera que el decreto N° 2.319 "es inconstitucional" y por eso mismo recomendó "promover la declaración de lesividad". Intiman a ex senador a dejar un campo El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, reveló ayer que "está en vías de resolución por parte de la Justicia el desalojo de las tierras del ex senador provincial Mario Yedro (PJ-Concordia)" e indicó que hoy viernes "se cumplen las 48 horas de plazo y por eso tendría que estar desalojando el inmueble".El ex legislador se sigue resistiendo a la entrega de su campo ubicado en el departamento Tala (más de 2000 hectáreas), al Estado entrerriano, pese a que ya pasaron más de cinco años de que se ordenó la expropiación, porque la Justicia entendió que fue comprado con dineros públicos mal habidos, en el marco de la condena por enriquecimiento ilícito."Yedro en un principio convalidó la toma de posesión del Estado provincial pero luego se resistió a la orden judicial e inició una acción civil tendiente a demostrar que el inmueble no era de él. Eso está justamente en vías de resolución por parte de la Justicia y mañana estarían cumpliéndose las 48 horas de plazo que se le dio para que desalojo las tierras", explicó el fiscal de Estado. El Once Digital