El Honorable Concejo Deliberante rechazó las declaraciones del Canciller Héctor Timerman

El Concejo Deliberante aprobó ayer un proyecto de Declaración por el que rechazó los dichos del Canciller argentino que se había referido en las últimas horas a que el conflicto con la vecina República por la instalación de la pastera se encuentra "cerrado".Además se reclamó  ante los gobiernos nacional, provincial y municipal la adopción de todas las medidas y acciones dirigidas a ratificar que el conflicto con la República Oriental del Uruguay por la instalación de Botnia UPM, no se encuentra terminado.Asimismo, se solicitó sean impulsadas medidas para demostrar y probar la contaminación producida por la pastera, denunciar esa situación y conducir a partir de ello, una nueva instancia de juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya."Esas expresiones resultan una afrenta a la comunidad de Gualeguaychú que desde el año 2003 lleva adelante un legítimo reclamo por la instalación ilegal de una empresa contaminante como Botnia UPM, en abierta violación al Estatuto del río Uruguay de 1975", señalan los considerandos del proyecto tratado ayer de mañana por el HCD y aprobado por mayoría, sin el voto favorable de los Concejales Martín Fernández, Ricardo Nieto y Santiago Zapata.Recuerdan los Concejales del Nuevo espacio, quienes elevaron el proyecto para su tratamiento, que "esa violación quedó verificada en el juicio llevado adelante ante la Corte de La Haya, ámbito donde por primera vez  concurrió como Estado la República Argentina, lo que demuestra la gravedad del conflicto y al tiempo la razón que asistía al reclamo efectuado".Admiten  que la Corte "no obstante haber reconocido más de ocho violaciones al Estatuto que establece la forma de aprovechamiento y cuidado del Río Uruguay-olvidando las pautas que orientan el derecho internacional de daños-solo estableció que el Estado Uruguayo era 'violador' del Estatuto del Río Uruguay".Lamentan los Ediles que el Estado Nacional intente hoy "dar vuelta la página de historia y esconder la afectación que produce un emprendimiento que genera constantemente una contaminación acumulativa que ya compromete la salud de la población más cercana y a nuestro medio ambiente".Tras afirmar que esos hechos "no pueden ser olvidados"  subrayan que las declaraciones del Canciller Timerman "significan una claudicación que no podemos convalidar y una voluntad inequívoca de resignar nuestros derechos y atentar contra nuestra comunidad, que es nuestro deber alentar porque el camino emprendido-resistiendo la instalación ilegal y contaminante- ha sido el desarrollo correcto que ahora se pretende ocultar. Y más inaceptables son las expresiones cuando vecinos nucleados en la Asamblea se encuentran criminalizados por voluntad delo Estado Nacional y se ven comprometidos por causas penales impulsadas desde el propio Estado Federal".