El intendente Mornacco demandó a los concejales de Urdinarrain

Estos últimos días hubo mucho movimiento en la planta alta del palacio municipal; el Concejo Deliberante ha realizado al menos dos extraordinarias y se sucedieron las reuniones para afrontar un tema delicado: la demanda que el Intendente Alberto Mornacco realiza al cuerpo deliberativo local.Por Javier A. Vilaboa
[email protected] Para tratar de entender la inédita medida hay que remontarse al 2005 en el que el Sr. Odino Baby Bompadre -quien fuera empleado municipal y se jubilara el mencionado año- solicitó que se le abonara la diferencia salarial desde el 1° de enero a la fecha de su jubilación -9 de febrero de 2005- ya que en ese lapso los activos recibieron una recomposición salarial.En los años venideros hubo distintas apelaciones y recursos que uno a uno el ejecutivo denegó hasta que en año pasado Bompadre formuló un recurso de gracia ante el Concejo donde finalmente se dictó la resolución 013/09 haciéndose lugar al reclamo y se dispuso  que se le abone al reclamante las diferencias salariales correspondiente. La diferencia en cuestión es de un importe menor a 200$.Desde la primera gestión de Mornacco se dilataba la resolución de este conflicto menor; con lo dispuesto por el Concejo se estaba ante el momento de ponerle punto final tomando una de las dos opciones: pagar como resolvió el Concejo o vetar esa resolución, una herramienta ya utilizada por el actual intendente. Pero Mornacco y su equipo ya antes de la sesión tenían pensada una tercera opción: arremeter judicialmente contra el Concejo.En aquel entonces el presidente del bloque Intransigente ya lo había adelantado en el transcurso de la sesión lo que fue tomado como una suerte de amenaza -según interpretó la oposición- así lo indicábamos en el Suplemento Urdi Expreso del 11-10-09.¿Que se dijo sobre este tema en Octubre de 2009?
En aquella recordada sesión subida de tono, Horacio Zandalazini, pte bloque IP, antes de perder la votación advirtió que "el ejecutivo queda habilitado y obligado a llevar adelante una acción en contra de este cuerpo que es lamentable que eso ocurra en Urdinarrain y es un caso inédito".
Horacio Fernández, pte bloque FPT rechazó los dichos de Zandalazini, los que tomó como una amenaza.
En aquel entonces el edil y abogado del FPT Darío Korell aseguró que "por tres pesos locos que reclama el trabajador se han pasado el derecho de fondo por donde a nadie le da el sol y se han escudado en errores de procedimiento"; además fue claro al asegurar que "hay un principio de la relación administrativa con el trabajador que es la buena fe: si se le debe, se le paga".
Otra de las voces que sonó fue la de Enrique Kreymborg, edil Intransigente, quien dijo que le duele que su partido no le reconozca los 120 pesos que le corresponden a un trabajador por una fecha en la que se aprueba un presupuesto. Señaló que el tema no tendría que haber entrado al Concejo, por honestidad se le debería haber reconocido lo que se le debe al trabajador. Los pasos a seguir
El martes 6 del corriente hubo sesión extraordinaria para tratar este tema. Los ediles analizaron y votaron entre las siguientes opciones:A) Contestar la demanda rechazándola y que resuelva el Superior Tribunal de Justicia.B) Contestar la demanda retractándose. De esta manera termina el proceso y el Concejo Deliberante se hace cargo de los gastos.C) No contestar, declararse en rebeldía al Concejo. Aquí continuaría el proceso y resuelve el STJ.Los tres integrantes del bloque del Frente Para Todos, el edil del PJ y un edil Intransigente votaron por la opción A resultando ésta la elegida; en tanto 4 ediles Intransigentes votaron por la opción B; en este caso el presidente del cuerpo, Martín Traverso y Horacio Zandalazini pretendían que los que habían votado a favor del reclamo de Bompadre se hicieran cargo de la demanda. El meollo de la cuestión
El concepto de la cosa juzgada administrativa no deberían hacer sido un obstáculo -hay antecedentes al respecto-, si se hubiera querido reconocer los derechos reclamados por Bompadre, lo que hace pensar que en todo el proceso nunca hubo voluntad a favor del ex empleado.A pesar de las eternas promesas Urdinarrain no cuenta con un "Estatuto del empleado municipal" que pudiera convertirse en el régimen a tener en cuenta para temas de la relación empleado - empleador; es por esto que hay que remitirse a la ley 3001 para determinar la competencia o no del Concejo Deliberante. Aquí hay interpretaciones para cada lado y la Suprema Corte será la que finalmente dictamine.Ahora, ¿era necesario llegar a estas instancias? Lo ocurrido en Urdinarrain lamentablemente nos lleva a recordar la pobre imagen que da la clase política nacional, incapaz de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas y llevando las cosas por la fuerza a puntos de difícil retorno.Que un intendente le haga juicio a los concejales, quienes hasta equivocados hacen las cosas lo mejor posible con un presupuesto acotadísimo, una estructura muy básica que no contempla secretarios o espacio para cada bloque y mucho menos una dieta o sueldo; si además, se tiene en cuenta que el intendente hasta tenía la posibilidad de vetar la resolución. Lo que está ocurriendo parece una exageración, o peor aún una pulseada sin sentido para demostrar quién manda... en definitiva 200 pesos que nos saldrán carísimos. ¿Quién cuida el dinero de los contribuyentes?La municipalidad de Urdinarrain paga mensualmente el contrato por asesoramiento al abogado José Luis Saint Paul quien además es el apoderado municipal para hacer juicios y quien -según entienden algunos profesionales- debería representar al ejecutivo en este caso; sobre todo si se tiene en cuenta el monto que se discute y con quién se discute. A pesar de esto el departamento Ejecutivo optó por contratar los servicios del Dr. Jorge Campos.A esta altura solo los gastos de expedientes como resmas de papel, cartas documentos y poder son mayores a los demandados. A esto se deberá sumar los honorarios de Campos, los de quien contrate el Concejo y las costas judiciales.Si uno analiza el tema estrictamente desde el punto de vista económico -lo que era el reclamo original- queda evidenciado que se está ante un criterio totalmente distinto al que tomaría un privado. Aquí no parece importar lo que finalmente le terminará costando por todo concepto al erario público, algo que se debería haber arreglado más -con buena voluntad- que con dinero.